Claudia Escobar. PhD.
claudia_escobar@radcliffe.harvard.edu
Es difícil imaginar un día sin violencia en Guatemala. Basta leer los periódicos, escuchar la radio o ver los noticieros por la televisión para enterarnos de los últimos actos de violencia. No hay quien se escape de esa vorágine que nos convierte en una de las regiones más violentas del mundo (incluido El Salvador y Honduras). Sin embargo estamos tan acostumbrados a la violencia que la aceptamos como parte de nuestra idiosincrasia. Solamente cuando los hechos tocan a nuestro círculo cercano nos conmovemos.
La semana anterior asesinaron a un prominente empresario; esta semana empezó con la eliminación física de 12 reos y una visitante dentro de la cárcel Pavón. Las matanzas a los conductores de autobuses ya no son noticia y no digamos la de los integrantes de las pandillas o maras que se matan entren ellos o mueren acribillados como consecuencia de un asalto. Ninguna de estas muertes se puede justificar.
Si aceptamos el asesinato como forma de resolver nuestros conflictos estamos perdiendo nuestra humanidad. Detrás de cada crimen hay familias que sufren y niños que quedan huérfanos. Siento que esta situación es intolerable y que como sociedad algo tenemos que hacer para que cambie y nuestros hijos puedan vivir en un ambiente donde crezcan sin miedo. Levantar muros más altos para encerrarnos dentro de nuestros círculos de confort, no es una respuesta, porque tarde o temprano la violencia tocara nuestras puertas. Las soluciones no son sencillas, conllevan grandes esfuerzos por parte de los ciudadanos y de los gobernantes.
Desde mi perspectiva el primer paso debe ser fortalecer todas las instituciones del sector de la justicia; desde las altas cortes hasta los presidios. Erradicar la impunidad puede ser el principio de disminuir la violencia.
Durante varias semanas, en las mesas del Diálogo Nacional que promueve las reformas constitucionales relacionadas con el sector justicia, se han llevado a cabo discusiones sobre las reformas necesarias para mejorar las instituciones. La participación en estos espacios es importante, porque se construye la base legal de nuestro ordenamiento jurídico.
Si consideramos que no basta con promover cambios legislativos, porque el problema principal está en las personas y no en las leyes, debemos poner especial atención a las normas relacionadas con la elección de autoridades. Es más importante regular adecuadamente a quién se escoge, que quién selecciona.
En el contexto de violencia en que estamos inmersos, necesitamos a los mejores funcionarios judiciales. Ante una enfermedad grave todos queremos al mejor médico, al especialista más destacado. Por esto es esencial crear un sistema que nos permita elegir a jueces y fiscales independientes, es decir que no respondan a grupos de interés alguno.
Se debe crear un ente técnico que pueda evaluar de forma objetiva a los candidatos para ocupar cargos en la justicia. Dicho ente podría ser el Consejo de la Carrera Judicial y delegar en ese órgano la tarea de definir todos los listados previos de aspirantes a jueces o magistrados, sean de la Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad o Tribunal Supremo Electoral. Si las personas evaluadas tienen las competencias requeridas para cumplir a cabalidad con su función, se disminuye el poder del órgano elector y en consecuencia la posibilidad de influir sobre las decisiones de los funcionarios. Para que la justicia funcione hay que blindarla y garantizar que no estamos cambiando a los grupos de influencia tradicional, por nuevos actores.
