Rolando Alfaro Arellano.
«Obligación del Abogado, derivada del
deber de luchar por la justicia, y
abstenerse de emplear formalidades o
recursos puramente dilatorios que entorpezcan o prolonguen el procedimiento»
José Campillo Sainz
En las últimas semanas se han venido señalando una serie de propuestas, reales o irreales, para reformar la Carrera Judicial. Ello, conlleva a querer colaborar con las entidades que así lo han solicitado por diversos medios de comunicación social, a efecto que pueda, en realidad, emitirse una ley que sea respetada y no utilizada para otros fines poco éticos.
Los profesionales que hemos seguido la carrera de las Ciencias Jurídicas y Sociales, especialmente lo relativo a la Administración de Justicia, con record limpio, sin inmoralidades o engaña bobos, para seguir esta última, tuvimos que ser pasantes, oficiales, secretarios, jueces, magistrados de apelaciones, principalmente, y, lograr culminarla sufriendo lo que los estimados lectores no se imaginan y que ya es conocimiento público desde el año dos mil catorce.
Muchos lectores aún se preguntarán en dónde está tan tremenda equivocación y la respuesta la podrán encontrar no sólo en la Hemeroteca Nacional, sino en todos los medios escritos y televisivos de la época, ya que los legisladores de la anterior constituyente (1985), cometieron el gravísimo error de que luego de las pruebas técnicas, los expedientes de los aspirantes a una reelección judicial o nuevos, fueran reexaminados por los señores Legisladores. Craso error que permitiera, en estos meses, hacer reflexionar a los políticos que había que reformar la ley de la Carrera Judicial.
En ese sentido, no es suficiente con emitir normativas a toda carrera en temas de trascendencia nacional, sino luego de una profunda investigación, revisar los daños morales cometidos por elecciones poco cristalinas y engañando a la población, de lo precipitado que fueron al no reformar la carrera judicial a tiempo y no reparar daños tardíamente cometidos.
En consecuencia, los integrantes de las mesas de trabajo que solicitan ideas para que se pueda enderezar el entuerto causado con precipitaciones políticas y no técnico-jurídicas, es imperioso que se revisen los grandes errores cometidos en la última elección para elegir a los administradores de justicia y no seguir cometiendo más daño moral a los verdaderos profesionales del derecho que han dejado su vida en la administración de justicia.
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