Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Leyendo esta mañana las declaraciones de representantes de empresas agrícolas y la columna de la portavoz de los exportadores, quienes expresan su profunda preocupación porque las inversiones se irán asustadas como consecuencia de la labor que está realizando la Superintendencia de Administración Tributaria en diversos casos de evasión fiscal, no pude sino pensar que lo único que hizo falta fue que dijeran que para garantizar la estabilidad macroeconómica y la tranquilidad de los inversionistas, haría falta que rápidamente suelten de prisión a Omar Franco y Carlos Muñoz para que puedan reasumir sus anteriores responsabilidades para que, con la ayuda de gente como Giovanni Marroquín, terminen con la práctica que esos sectores califican como de criminalización en materia fiscal.
Por supuesto que era más cómodo para todos, incluyendo a muchos de los inversionistas que han venido al país atraídos por la impunidad, evitar fiscalizaciones y, peor aún, demandas que causan alarma. Cuando todo se arreglaba con una buena mordida no había motivo de preocupación y los inversionistas podían traer su dinero con toda tranquilidad a este paraíso de la ilegalidad, donde no había tema que no se pudiera arreglar mediante el soborno adecuado.
Qué daño, han de pensar, vino a hacer la CICIG con esa su manía de andar persiguiendo funcionarios por corrupción, cuando esa práctica era tan buena para evitar juicios y procedimientos que tienen como consecuencia el soponcio de los importantes inversionistas. Como si Guatemala fuera realmente un país que atrae mensualmente a miles de capitalistas que andan viendo donde colocan su dinero para hacer más negocios y no dependiera básicamente de las remesas familiares como gran estabilizador, junto al flujo de dinero del crimen organizado, para mantener esa cacareada estabilidad macroeconómica en nombre de la cual la madre del Ministro de Finanzas se rebela contra las prácticas de la SAT para cobrar tributos.
Da vergüenza ver esas expresiones de crítica a los esfuerzos por hacer que en el país se termine la impunidad, lo cual se refiere a toda práctica de corrupción, incluyendo los sobornos para evitar auditorías fiscales o para obtener créditos fiscales ficticios.
Si la “joya de la estabilidad económica” que causa orgullo a unos cuantos depende de que aquí se mantenga la corrupción y la impunidad, aliviados estamos. Con razón cuando se cerró la operación de La Riviera por la ilegalidad cometida por el Superintendente Villeda, se dijo que era un absurdo cerrar un negocio como ese por un “error”, pasando por alto que el supuesto error fue inducido por soborno y que atrás de la operación estaba quien resultó ser uno de los mayores lavadores de dinero de todo el continente.
Al paso que vamos, se irá levantando un clamor para que suelten a Pérez Molina, Baldetti, Franco, Muñoz, Eco y Monzón, porque cuando ellos operaban había tranquilidad y los inversionistas no tenían temores de ninguna especie porque las reglas de juego eran claras. Si paga un soborno todo marcha sobre ruedas.
En cambio ahora, por culpa de la CICIG y el Ministerio Público, se acabó ese “maravilloso orden” y los inversionistas huyen porque, por lo visto, Guatemala es el único país del mundo donde se persigue a los corruptos.
