Jesús Abalcázar López
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¡Hay trámites que no ameritan tanta tardanza y complicación, como cerrar una pequeña empresa que ha dejado de funcionar, sacar de circulación un vehículo destruido o abandonado por inservible, pérdida de placas, traspasos, etc., etc.! La simplificación de todo tipo de trámites es beneficiosa en cualquier dependencia o institución de la administración pública. Con solo tener la buena voluntad y la disposición de atender con gusto y esmero al contribuyente, es una muestra de entrega a sus obligaciones para viabilizar los trámites y obtener buenos resultados en su trabajo, en vez de poner cara dura y ver al ciudadano como un estorbo, a pesar de que paga sus salarios.
Las complicaciones que encuentra el contribuyente en la Superintendencia de Administración Tributaria deberían eliminarse, porque basta con lo básico y así dar una atención rápida, pues lo primero que molesta al contribuyente de la SAT es encontrarse con las largas filas de personas que esperan ser atendidas, hasta el punto de que entran en una natural desesperación e impotencia al no poder resolver sus necesidades administrativas en materia tributaria. Las autoridades fiscales deben tener claro que cualquier cantidad de dinero, por pequeña que esta sea, que se lleve a las arcas de recaudación de impuestos, debe merecer todo el interés de la institución, para que el contribuyente se sienta motivado al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Además, debe considerarse que la reforma fiscal de Pérez Molina – Baldetti en el gobierno del partido patriota, fue un total fracaso, porque no dio resultados positivos, contenía y aún contiene errores e imprecisiones, que han afectado la recolección de los tributos. Por eso ha llegado el momento de emprender una reforma fiscal auténtica y consensuada, clara y técnica que devuelva la credibilidad, honradez y el orden en el sistema tributario guatemalteco. Esto se hace necesario porque la población se encuentra desmotivada debido a la exagerada corrupción denunciada en las aduanas del país, en el caso denominado La línea y Cooptación del Estado. Lo cual ha provocado que los contribuyentes asuman la posición de rechazo al pago de los impuestos, lo que ha llevado a la actual crisis en las finanzas del gobierno.
Para simplificar los trámites se debe revisar todos los procedimientos, a manera de evitar aquellos requisitos o pasos que únicamente prolongan el tiempo y dificultan la solución de las necesidades tributarias de los ciudadanos. Se debe comprender que lo que la gente necesita es solventar con rapidez y eficiencia sus compromisos fiscales y por lo mismo hay que darles todas las facilidades posibles. Decimos esto, porque en este país hasta cumplir es difícil. Solo falta que a uno ¿Qué quiere?, vamos a verificar si tiene derecho de pagar; en vez de decirle que no se preocupe: ¡le facilitaremos su pago! Es cuestión de allanar el camino. Se trata de caminar por el mismo rumbo y darse la mano como hermanos.
Se necesita que el público llegue confiado y alegre a pagar sus tributos, sabiendo que el dinero de sus impuestos no será objeto de la sucia corrupción y que será atendido con prontitud. Sin duda que ya no quieren a la CICIG porque sigue investigando los hechos de corrupción e impunidad atribuibles a los funcionarios públicos y eso es un peligro que no desean afrontar. Por lo dicho, las organizaciones sociales deben exigir que continúe la presencia y acompañamiento de esta comisión internacional, para curarnos en salud, por si las dudas, con los gobernantes y funcionarios actuales, de los tres poderes del Estado.
En fin, en el futuro la resolución estará en manos de los Juzgados y Tribunales, donde esperamos que sean de justicia y no de injusticia, puesto que vivimos los peores tiempos en el entramado judicial, al extremo de que se tienen varios jueces y magistrados en entredicho por señalamientos de corrupción que es el cáncer de la impunidad que corroe el sistema de justicia, especialmente en un país carente de valores y principios, donde las soluciones han estado al alcance de grupos de poder, de personas y grupos que ostentan el poder del dinero, también al alcance de las clases sociales pudientes y del tráfico de influencias.
