Jorge Mario Andrino Grotewold.
* @jmag2010
La modificación a la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria está por aprobarse, y todo parece que se alcanzará, entre otros temas, la facilitación del acceso a las cuentas bancarias de los contribuyentes, el cual hasta la fecha, es impensable, salvo que exista una autorización judicial (sospecha de la comisión de un delito).
En principio, todo contribuyente que paga sus impuestos de forma correcta, y que no esconde sus ingresos al Estado, no debe temer ninguna de estas medidas, especialmente en cuanto a las fiscalizaciones que pueda hacer una institución como la SAT. Esta actividad, realizada de forma común por otras autoridades tributarias alrededor del mundo, no sólo facilita el descarte de esta fiscalización, lo que beneficia al contribuyente, sino también logra que se ejerza una fuerza legal sobre aquellos que evaden el pago de impuestos o incumplen con las normas tributarias.
Sin embargo, los temores de los contribuyentes que constituyen el gran aporte impositivo al país, se basan en la situación actual de la SAT, en la que no existe una institucionalidad garantizada, ni una cultura de investigación y denuncia de los empleados y funcionarios tributarios. Los procesos administrativos creados por diferentes normas tributarias, regularmente permiten cierta discrecionalidad al empleado o funcionario tributario, especialmente cuando su muestra de auditoría es muy baja, en relación al universo de contribuyentes del Estado. ¿Con futuras administraciones tributarias, se tendrán las mismas garantías para el contribuyente?
Sumado a ello, si no fuere por la gran tarea realizada por la CICIG y el Ministerio Público, las personas que hasta hace poco dirigían las políticas y decisiones de la SAT, no estarían sujetos a investigación criminal. Pero las estructuras de dicho ente permanecen, aun cuando las nuevas autoridades, a quienes se les beneficia con la duda, realizan acciones de mejora en la institucionalidad y como resultado, en la recaudación. Cambiar estas estructuras toma tiempo, esfuerzo y dedicación. Una evaluación de desempeño y un mecanismo de verificación interna es indispensable, además de una cultura de denuncia, con el soporte de una sociedad que ve cansada la agonía de continuar con una recaudación paupérrima, y que no es la que el país necesita y merece.
Las autoridades tributarias deberán, si la reforma se aprueba y el secreto bancario termina, ser un ejemplo de transparencia y de la protección de esos datos personales como derecho del contribuyente; y éste, tendrá no sólo la obligación de cumplir con las leyes tributarias, sino además de sentirse seguro que la SAT tratará sus datos personales de forma legal y ética. ¿Estarán preparados?
