Ricardo Zetina Góngora
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Estamos entrando en una era de la intromisión del Estado en la vida privada de las personas, el secreto bancario, mañana el derecho a la privacidad de las llamadas telefónicas, correos electrónicos y las redes sociales, este tema debe ser debatido en bases técnicas, y poner en la balanza costos y beneficios de esta medida; el secreto bancario nunca ha existido, de hecho la administración tributaria ya tiene la facultad de solicitar información de terceros para sustentar sus ajustes y cobros judiciales en materia tributaria, también pueden echar un vistazo al Art. 4 ( numeral 3, inciso b) del decreto 10-2012, relacionado a los intereses bancarios, instrumentos financieros…, desde ahí, ya estamos entrando a las cuentas bancarias de los contribuyentes, no es nada nuevo.
Lo que preocupa son las violaciones a los artículos 15 y 24 de la CPR, que establecen la inviolabilidad de la información de carácter personal y la irretroactividad de la ley, artículos delicados que no deben convertirse en un práctica de descalificación a todo aquel que se le cuestione como “sospechoso”, la verdad que oponerse no sería un retroceso a la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, pues no es sano para la población, saber que todo el poder discrecional está en manos de la burocracia estatal.
Reformar el código tributario es una buena alternativa para agilizar los procesos de cobro, sin embargo, eso debe ir de la mano con reformas al sistema judicial, cuando la administración tributaria quiere actuar en contra las cuentas bancarias, el dinero ha sido enviado a otro país o extraído, por el lento accionar de las órdenes judiciales, el famoso debido proceso, que al final lo que se quiere es recuperar dinero y no precisamente al supuesto delincuente.
Sospecho que queremos copiar el sistema de recaudación de países que cobran los impuestos directamente de las cuentas bancarias, pero recordemos, que también el nivel de credibilidad, confianza y los bajos índices de corrupción de estos países, hacen un ambiente ideal para manejar una estructura de esta forma, Guatemala aún no está preparada, la administración tributaria perdió mucha aceptación luego de los incidentes de corrupción e ineficiencia que se han dado, es prematuro y peligroso.
Hacer estos cambios (que no son reformas) deben ir de la mano con, Superintendencia de Bancos, sistema judicial, SAT y sector productivo, hacer algo sin análisis técnico puede ser contraproducente y puede generar más informalidad, menos utilización del sistema bancario, (pagos en efectivo), por lo tanto, los bancos estarían en problemas de liquidez y circulante y tendría efectos negativos en el sistema financiero del país.
