Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
He sido crítico de la propuesta que surgió del Ministerio de Finanzas y que encontró eco en la Procuraduría General de la Nación respecto a buscar un mal arreglo con los holandeses para evitar un mal pleito porque en este caso no estamos ante diferencias entre dos contratistas que tratan de superar diferencias, sino estamos frente a un caso penal en el que lo que está en juego es la lucha contra la impunidad. Me molesta mucho que se trate de privilegiar el negocio, aún con la importancia que tiene para Guatemala el funcionamiento de un puerto, a expensa del mensaje contundente que se tiene que dar respecto a que un negocio que nace podrido no puede ser legitimado y que vender los derechos no lo transparenta a menos que el comprador pueda probar fehacientemente su buena fe.
Reconozco la importancia del puerto y la terminal de contenedores, pero es ínfima en comparación con la necesidad de enviar mensajes contundentes para que aquí vengan inversionistas de calidad, gente honesta que quiera invertir en un país para obtener ganancia lícita y no piratas como Pérez Maura, que se ponen de acuerdo con políticos corruptos y otros empresarios mafiosos para montar un negocio a base de mordidas. Mis enormes diferencias con el ministro de Finanzas están en ese punto, porque él ha demostrado que la corrupción no es un tema que le preocupe. Me lo demostró cuando defendió al mafioso de La Riviera diciendo que era inaudito cerrar esas tiendas (que hoy son parte de un proceso mucho mayor porque serían para lavar dinero), por lo que Estrada consideró un “error administrativo”, como podría considerar “error” que una concesión se disfrazara de usufructo.
Guatemala necesita inversión extranjera pero de gente decente, de empresarios que no compren una licencia para explotar recursos mineros, como han hecho casi todos los que han bañado en pisto a funcionarios de Energía y Minas, o contratistas que pagan mordidas, vengan de Brasil o sean criollos, para construir carreteras.
He recibido una filtración que demuestra las acciones legales que Pérez Maura, el español que armó el negocio junto a varios guatemaltecos, para acallar a la empresa holandesa que se ha acercado a las autoridades guatemaltecas, alegando confidencialidad para impedir que se puedan dar a conocer detalles que sirvan de prueba del negocio. Supongo que la filtración pueda ser una muestra de que APM coincide con los guatemaltecos que creemos que TCQ es producto de un asqueroso negocio y que ellos fueron engañados cuando les vendieron sus operaciones. Faltará ver cuál es realmente la postura de APM para saber si, en efecto, asumen ese vicio y si están dispuestos a contribuir para que se castigue, con todo el peso de la ley, a los causantes del trinquete, del soborno vil entregado a funcionarios que tenían la obligación de servir al país y que decidieron servirse del país.
En los archivos de APM debe haber mucho comprometedor para Pérez Maura, quien sigue tan tranquilo y protegido hasta por la prensa española que se hizo babosa de la grave acusación que le formuló la CICIG. De cuánto pueda salir dependerán muchas cosas futuras.
