Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Dentro de las reformas para modificar nuestro sistema político, calificadas como de segunda generación porque la primera sería el mamarracho aprobado por el Congreso con la complacencia absoluta del Tribunal Supremo Electoral, el tema del financiamiento de los partidos políticos está siendo obviado bajo el argumento de que lo que ya se hizo en el Congreso basta y sobra para resolver los problemas como los que fueron evidenciados con el primer destape sobre la llamada Cooptación del Estado que no es más que el secuestro de la institucionalidad para poner al servicio de las mafias todos los recursos públicos.
En las reformas ya aprobadas destaca el control que se hace a los gastos de campaña, específicamente en el tema de la publicidad, mediante la centralización de la contratación de espacios por el TSE, lo cual es un paso importante, pero que no se relaciona para nada con lo que en verdad ocurre. Ya hemos visto que parte del financiamiento va directamente a los bolsillos de los candidatos que se empiezan a enriquecer en campaña porque los “financistas” les dan dinero que en realidad es el pago porque les venden el alma. Ese tipo de financiamiento no entra en el radar de los controles del TSE de conformidad con la legislación aprobada, porque estamos viendo cómo es que se recurre a artimañas que van desde pagos en efectivo y sin registro, hasta simulación de negocios con empresas de cartón para hacer el traslado de millonarios recursos.
El financiamiento electoral ilícito está tipificado como delito en nuestra legislación, pero resulta muy difícil de controlar y perseguir porque la imaginación e inventiva de los pícaros es enorme y siempre encuentran los vericuetos para hacer de las suyas. El colmo es que ahora algunos de los que pagaron mordidas para comprar el derecho a privilegios en las contrataciones del Estado llegan al descaro de presentarse como víctimas de extorsión, afirmando que los funcionarios les exigían dinero, cuando es obvio que era un juego de dos vías en el que se pactaban beneficios para unos y para otros. El funcionario se enriquecía con la mordida y el contratista con la adjudicación que implicaba cero supervisión y control, es decir, el derecho a sobreprecios o a entregas de obras o productos de pésima calidad, como se puede comprobar simplemente transitando por las carreteras del país.
Yo creo que la democratización interna de los partidos políticos es importante dado el carácter de entidades de derecho público que constitucionalmente se les asigna, puesto que con ello se podrían terminar los cacicazgos que son el engendro de la corrupción toda vez que nadie chista ni alega ante lo que haga o disponga el dueño del partido político. Pero no es la solución al problema porque debe haber mecanismos de estricto control sobre los aportes y severas penas para quienes entreguen dinero a los políticos sin el debido registro ante las autoridades electorales. Penas tan severas como para castigar a los que han saqueado al país mediante ese contubernio que ha sido el secuestro de la institucionalidad del país.
