Félix Loarca Guzmán
La reciente elección en el Congreso de la República, de la prestigiada abogada María Eugenia Morales Aceña, como Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, (CSJ), representa un importante avance en el marco de los esfuerzos para fortalecer las instituciones encargadas de administrar la justicia en Guatemala.
La profesional fue designada en sustitución del licenciado Vladimir Aguilar, quien presentó su renuncia en las semanas anteriores. La elección de la licenciada Morales, se llevó a cabo por unanimidad de los 102 diputados que estuvieron presentes en la sesión extraordinaria que el Congreso celebró el pasado 23 de junio.
La nueva Magistrada tiene una amplia experiencia en el campo jurídico con 37 años de ejercicio como Abogada y Notaria, graduada en la Universidad Rafael Landívar. Además, cuenta con una Maestría en Derecho Constitucional.
Su hoja de vida profesional es muy amplia, sobresaliendo su actuación como Procuradora Adjunta de los Derechos Humanos, durante el período del Procurador Ramiro De León Carpio, que según diversos análisis históricos, constituyó la época dorada de esa institución.
Además, la licenciada Morales fue Asesora de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y de la Procuraduría General de la Nación, de la Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte de Constitucionalidad.
También fungió como Directora de la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial, Secretaria Ejecutiva del Ministerio de Gobernación y Coordinadora Técnica del Colegio de Abogados.
En el área académica, destaca su desempeño como Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar.
Sin duda, la elección de la licenciada María Eugenia Morales, como nueva Magistrada de la Corte Suprema, ha sido una de las pocas decisiones acertadas del Congreso en los últimos meses, pues se trata de una jurista con reconocida experiencia, apolítica y con muchos antecedentes de respeto al Estado de Derecho.
Su designación se registró en un momento crucial como el que se vive actualmente en Guatemala, país en el que las instituciones de justicia han sido muy cuestionadas por la politización y el tráfico de influencias, lo cual ha contribuido a poner en tela de duda la confiabilidad e imparcialidad de los jueces.
