Dr. Luis Fernando Cordón Morales
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El término “incompetencia” no lo expongo en estas líneas de forma peyorativa, al contrario, lo hago como un llamado a la reflexión dirigido a la generalidad de la población regularmente indiferente a exigirle a sus funcionarios electos o nombrados, que demuestren comprobable pericia, aptitud o idoneidad; porque es junto a la corrupción los principales males con los que diariamente se convive en la Administración Pública Guatemalteca. Y es la realidad, porque difícilmente en lo privado se tolera que los elementos no generen, promuevan, convenzan o resuelvan.
En Guatemala, la historia nos ha demostrado que “generalmente” para optar y alcanzar el honor de servir no es necesaria la preparación, la voluntad, el carácter, ni los valores morales, lo que requiere es contar con el padrinazgo suficiente y oportuno, ese que en el péndulo del poder característico del país, lo ostente al momento de la decisión. En el film político, los más visibles apadrinamientos con los que se debe de contar hoy para optar a un cargo público encontramos a los llamados medios de comunicación, la clase política, el poder económico y el recién llamado grupo contra la corrupción. Todos ellos tienen en común, que son intolerables a las críticas; se debe estar incondicionalmente con ellos sino te declaran contra ellos; gozan de liebers empoderados al vivir en tinieblas que atacan sin piedad; y, que para variar, tampoco privilegian “la debida competencia” de sus aliados.
Mientras como población no señalemos ni opongamos a la incompetencia de nuestros funcionarios públicos exigiendo verdadero talento y rechazando la falta de este, desde el escenario donde podamos o nos desarrollemos, de lo contrario seguiremos esperando a que ellos aprendan de sus errores y horrores; pagando su onerosa preparación (entretención) nacional e internacional; asumiendo el costo elevado de compromisos abusivos e insostenibles; observando su público y sínico cuasi-reinado; y, lamentando, no obstante haberse destinado significativos recursos monetarios y dejando de percibir un tanto más, seguir con un deteriorado sistema de salud, sin instrucción, inseguridad, injusticia, hambre, desempleo, mala infraestructura y limitados servicios públicos.
Lo mismo se replica en la contratación de los empleados públicos y lo revelado desde hace unas semanas en el Congreso de la República es un reflejo de ello, y es que era de conocimiento público que algunos padres de la patria, desde hace varias legislaturas, contrataban como supuestos asesores y personal de apoyo a familiares y conocidos sin valorar seria competencia, incluso sin comprobar la efectiva realización de actividades atinentes al puesto ni requerir su presencia física a laborar, lo que ha motivado que se esté discutiendo una reforma a la Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo, la cual contempla cambios referentes a la contratación de personal, asensos, evaluaciones y salarios; por lo que esperamos que con su posible aprobación de urgencia nacional cese el nepotismo y los abusos que campean en dicha entidad y que traiga como consecuencia un parlamento eficiente y con un manejo financiero responsable. Por lo que es indispensable que también desde el Ejecutivo se manifieste voluntad política porque en la Administración Pública sea una realidad la meritocracia.
