Claudia Escobar. PhD.
claudia_escobar@radcliffe.harvard.edu
Contribuir a fortalecer las instituciones requiere que los individuos se interesen por el quehacer público. Como profesora universitaria he motivado a los estudiantes de Derecho para que consideraren la función pública como una opción profesional. Sin embargo, en las universidades privadas, muy pocos manifiestan interés en trabajar en las instituciones del sector justicia. Esto será distinto si se revalorizara la Carrera Judicial, la de fiscales y las de otros servidores públicos.
Cuando a los mismos alumnos les he preguntado ¿Cuál sistema de justicia consideran que es el mejor?, no dudan en nombrar los de países con mayor desarrollo; como Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Chile, Colombia, los países nórdicos, entre otros. En estos lugares los ciudadanos confían en sus instituciones; pero no siempre fue así. Muchos de estos sistemas jurídicos se formaron después de serias crisis, de largas guerras o de muchos conflictos. Los ciudadanos pudieron llegar a acuerdos y encontraron por sí mismos el camino a seguir y otros fueron acompañados por países vecinos y amigos.
La solidez de un Estado depende no solamente de sus leyes, sino también de los funcionarios que hacen que esas leyes se cumplan. Por eso es tan importante que las reformas constitucionales contemplen una Carrera Judicial integral; desde jueces de Paz hasta magistrados de Corte Suprema y ¿por qué no? también de Corte de Constitucionalidad.
Se tendría que privilegiar que los cargos de mayor responsabilidad los ocupen individuos que en su quehacer profesional han elegido la Carrera Judicial por vocación; los que han demostrado en la práctica sus capacidades y competencias para juzgar, así como su comportamiento ético. De esta forma se reduciría la posibilidad de que los magistrados sean influenciados por otros poderes.
Lo anterior no excluye la posibilidad de que la Carrera Judicial sea semiabierta, es decir que permita el ingreso de abogados destacados, que llenen el perfil del puesto y sean electos por sus méritos. Se podría contemplar en las distintas Cortes que un 25% de los cargos sean ocupados por profesionales sin experiencia judicial previa. Por ejemplo, de los 13 magistrados de la Corte Suprema, tres cargos serían ocupados por abogados litigantes.
Otro aspecto al que se debe prestar atención es el período de funciones de los magistrados de la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad. Me parece que la duración del mismo va de la mano de la fortaleza institucional. Si queremos un Sistema de Justicia más robusto debemos prolongar los plazos de nombramiento de los magistrados. Existen países en que dichos cargos son de por vida como en Estados Unidos; en otros los nombramientos son también vitalicios, pero con una edad de retiro obligatoria, a los 70 años como en Italia; en algunos países el mandato dura más de una década, lo cual es bastante usual en Europa y en algunos países de América Latina. Un cargo de esa envergadura no debe durar menos de diez años, esto garantiza que el magistrado se sienta en mayor libertad a la hora de resolver.
Estos y otros temas fundamentales para el fortalecimiento institucional, se debaten con interés en las mesas del Diálogo Nacional. Ojalá seamos capaces de aprovechar esta oportunidad para sentar las bases de un mejor Sistema de Justicia que pueda resolver la problemática de nuestro país.
