En estricto apego a la ley, el Estado de Guatemala tendrá que desembolsar varios millones para cubrir lo que se conoce como la deuda política que es el pago por cada voto recibido por los partidos políticos en las elecciones generales. El Tribunal Supremo Electoral ya hizo el cálculo, que no requiere de la misma ciencia que haría falta para fiscalizar el manejo de los recursos que esas instituciones de derecho público reciben para financiar las campañas, y dentro de poco los dirigentes recibirán la parte que les corresponde que, como siempre, gastarán al más puro estilo chapín, es decir, sin rendición de cuentas.
Hemos sido críticos del Tribunal Supremo Electoral porque junto con este estudio relacionado con el pago de la deuda política se presentó el informe sobre los gastos de campaña de cada uno de los partidos en la elección pasada y al revisarlo, tenemos que concluir que los pobres magistrados del máximo órgano de control en materia electoral no tienen ni la menor idea de lo que es el verdadero financiamiento, ese que sirve para la cooptación del Estado y que se produce sin control ni registro porque hay diversas formas de cuadricular el trasiego del dinero de manera que nunca aparezca contablemente con apoyo a gastos de campaña.
Precisamente por la ausencia de instrumentos de control fue que nosotros criticamos la reforma a la Ley Electoral que el mismo Tribunal Supremo avaló como un paso trascendental en la mejora de nuestro sistema de elecciones y de partidos políticos. Y es que una cosa es lo que los partidos comunican al TSE y otra muy distinta lo que de verdad reciben. Ocurre que no tienen límite la imaginación e inventiva para borrar las huellas de ese dinero, cuyo fin principal no es el simple financiamiento de campañas, sino cooptar al Estado porque el candidato que recibe el dinero está, literalmente, vendiendo el alma al diablo.
Veremos en pocos días la erogación de una fuerte suma de dinero que está pensada para fomentar la institucionalidad de los partidos políticos y, sobre todo, para la formación cívica y política de los afiliados, pero ya sabemos que esos apenas son un requisito legal y nunca se les da más trato que el que se relaciona con su cumplimiento.
Nuestros partidos políticos no son, en la práctica, instituciones para canalizar la participación ciudadana en los asuntos públicos, sino que simplemente son grupos electoreros formados alrededor de algún cacique que pretende el poder para enriquecerse, según lo demuestra nuestra triste historia, lo que hace que podamos afirmar que ese dinero de la deuda política es pisto tirado a la basura.
