Lic. Douglas Abadia C.
douglas.abadia@gmail.com

La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico es resultado del consenso alcanzado por los gobiernos iberoamericanos. Define un nuevo paradigma en cuanto al uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por parte de las administraciones públicas. Las tecnologías aparecen sólo como herramientas coadyuvantes de la mejora de la gestión pública y su centro es el ciudadano y sus derechos al gobierno electrónico.

La Carta Iberoamericana (2007) entiende al “Gobierno Electrónico” como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los órganos de la administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos.

Los valores centrales predicados por esta Carta son: igualdad, legalidad, conservación, transparencia y accesibilidad, seguridad, responsabilidad y adecuación tecnológica. También hay coincidencias en que se debe poner el foco en los destinatarios del gobierno electrónico: el ciudadano y la sociedad.

El determinismo tecnológico ha provocado que la tecnología cobre auge y sea indispensable en la vida moderna, además de cumplir con el objetivo de acercar a la ciudadanía a la clase gobernante, pues hemos visto que los partidos políticos no han cumplido con ese acercamiento y en ser un canal de comunicación entre la población y el gobierno.

El funcionario público, al igual que el ciudadano, es consciente que el cambio tecnológico avanza con mayor rapidez y ofrece cada vez mayores servicios, aún más de los que son capaces de utilizar en su vida cotidiana.

En el caso guatemalteco podemos analizar un factor de peso como lo es la ausencia de políticas de Estado, es decir, cada cuatro años se cambian autoridades y ese factor perjudica a los empleados del Estado en el sentido que se desperdician las capacitaciones, pues cada nueva administración se aplica el borrón y cuenta nueva, dejando de lado a todo el recurso humano que ha sido capacitado en temas de gobierno electrónico.

La implementación del gobierno electrónico requiere mucho trabajo aún para lograr los objetivos enunciados en la Carta Iberoamericana.

Además, no existe un proceso de estandarización por parte de los gobiernos latinoamericanos para poder contar de manera homogénea en aspectos netamente técnicos, para variar en Guatemala se importan los modelos de otros países de la región y con eso se echa a andar el gobierno electrónico.

Considero que todo el tema de la tecnología, las TIC, el gobierno abierto, el gobierno electrónico entre otros mecanismos van de la mano con la modernización del Estado, el uso de la tecnología es indispensable en el mundo moderno, como país no podemos rezagarnos más en comparación con otros países.

El principio de adecuación tecnológica establece que las administraciones elegirán las tecnologías más adecuadas para satisfacer sus necesidades, recomendándose el uso de estándares abiertos y de software libre en razón de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y para prevenir que el conocimiento público no sea privatizado.

La Carta establece el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con sus gobiernos y administraciones públicas de forma tan amplia como lo permita la naturaleza del trámite y pretensión de que se trate. Según la Carta, ello supone que las administraciones estén interrelacionadas entre sí a fin de simplificar los procedimientos y que cuenten con leyes de acceso a la información pública.

A modo de conclusión puedo afirmar que el derecho de cualquier habitante de acceder a información pública no es más que la aplicación directa del principio republicano de la publicidad de los actos de Gobierno y es una de las condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado de los sistemas democráticos.

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