Javier Monterroso
En la actual coyuntura provocada por los casos que investigan la CICIG y el MP me es imposible no recordar mi paso por el Ministerio Público durante la gestión de Claudia Paz, pues sin duda existen algunas similitudes entre lo que está viviendo la actual Fiscal General y lo que le toco vivir a la anterior.
En el año 2013 inició el juicio por genocidio, el primero en el mundo que se llevaba por las autoridades judiciales del mismo país donde se cometieron los hechos, en ese momento se calificó ese proceso como el “juicio del siglo”, y dividió a la sociedad guatemalteca en quienes creían que si hubo genocidio y querían justicia encabezados por las organizaciones de derechos humanos, la comunidad internacional y algunos medios de comunicación y por otro lado aquellos que se oponían al juicio ya sea porque consideraban que el enfrentamiento armado debía enterrarse en el pasado y privilegiar la reconciliación nacional, o porque consideraban que los hechos por más violentos que hubieran sido no podían calificarse de genocidio sino crímenes de lesa humanidad o simplemente porque tenían miedo de que fueran juzgados también como cómplices de genocidio, en este grupo estaban los exmilitares, algunos medios de comunicación y el CACIF.
Para intentar frenar el juicio por genocidio y otros casos de derechos humanos se llevó a cabo una sistemática campaña de ataques contra la entonces Fiscal General Claudia Paz y la presidenta del tribunal de sentencia Jazmín Barrios, quienes fueron calificadas de ser hippies, comunistas, guerrilleras o descendientes de guerrilleros, pero además se criticaba su forma de vestir y peinarse e incluso se llegó a criticar la vida privada de la exfiscal.
Trasladándonos al momento actual estoy completamente seguro que los ataques que está recibiendo actualmente la Fiscal General Thelma Aldana por las declaraciones de Juan Carlos Monzón son solo el inicio de una campaña similar, donde saldrán tanto temas del pasado político de la Fiscal tales como su cercanía con el PP y grupos de interés en el sector justicia, como su paso como presidenta de la CSJ, por lo que la Fiscal deberá prepararse mentalmente para lo que viene.
Sin embargo al igual que sucedió en el caso de genocidio el futuro de los casos de corrupción no depende del ataque a la Fiscal General, sino del desempeño del poder judicial en un proceso para el cual ni las instituciones judiciales ni las leyes del país están preparados para llevar adelante, en efecto, la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el proceso de genocidio debido en primer lugar a intereses de los magistrados, pero usando como excusa cuestiones procesales no previstas en la ley en las cuales la jueza tuvo que actuar bajo su criterio judicial, en los actuales casos de corrupción estamos presenciando hechos no previstos en el Código Procesal Penal en los cuales el juez está teniendo que regirse en base a su criterio, caminando en una línea muy delgada de legalidad, ese es en realidad el punto débil de los casos de corrupción y al final todo se revisará y decidirá en la CC.
