Pedro Pablo Marroquín Pérez
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Ya son varios los días y las personas que han venido pregonando que como lo que le falta a Guatemala son recursos, lo mejor es sacar de la cárcel a los sindicados de cuello blanco y exigirles que devuelvan el dinero. Hay gente que ha dicho que “nos vamos a convertir en Venezuela”, “que la mayoría quedará encarcelada” y que así no hay futuro o que se “está frenando el desarrollo del país”.
Cada quien es libre de pensar como mejor le plazca, pero la gente que dice que es mejor sacar a la gente y que devuelvan el dinero, no tiene respuesta cuando se les pregunta si lo mismo debemos aplicar con Roxana Baldetti. Sólo una persona sí fue enfática en decirme que, a su juicio, ella no califica para ese beneficio y que debe permanecer en la cárcel por el resto de sus días.
Y es justamente ese argumento el que me preocupa porque me hace pensar que para muchos la lucha contra la corrupción y la impunidad es viable sí, y solo sí, la gente a la que se denuncie es de la “Primero de Julio” como Baldetti y ese no puede ser el parámetro sobre el que basemos nuestro Estado de Derecho.
En el artículo del día martes cometí un error al decir que la inocencia se prueba en tribunales cuando la realidad es que nadie debe probar su inocencia sino el Ministerio Público y la CICIG deben probar la culpabilidad; también se habla de la necesidad de que se respeten las garantías constitucionales del debido proceso. Claro, eso se le debe respetar tanto a los sindicados de cuello blanco como a los mareros.
Pero quienes reclaman a los cuatro vientos que se respeten las garantías, se les olvida una importante y es la garantía de la independencia judicial, esa que los políticos y financistas se han pasado por el arco del triunfo desde que alcanzan sus perversas alianzas para instalar un sistema de impunidad que les permita saquear el erario público en paz.
Nada se oye del pacto de impunidad sobre el que se eligió a las autoridades judiciales en el 2014; Otto Pérez y sus secuaces han venido advirtiendo que los procesos carecen de pruebas para que cuando la maquinaria de la impunidad que ellos obraron con LIDER funcione, sea fácil decir “ya vieron, desde el principio se los dije”.
El Estado de Derecho en el país ha venido siendo secuestrado desde hace décadas, pero fue necesario que gente del círculo cayera para que muchos ciudadanos repararan del deterioro de nuestro sistema y para que se reclamara el cumplimiento de derechos básicos, que cuando los reclama la familia de un marero, por ejemplo, se dice que eso de los derechos humanos es de izquierdistas.
Hay gente que mata con armas y hay otras que matan enraizando la pobreza y socavando la miseria y tanto nos debe escandalizar uno como otro. Yo siempre me pregunto qué hará alguna gente para explicarle a sus hijos la comisión de un mismo hecho por dos personas distintas: una del círculo social y otra de alguien cuyo origen es la pobreza, porque en el primer caso siempre hay excusas y en el segundo, condenas sin compasión.
Si queremos que Guatemala cambie debemos estar dispuestos a trazar una línea categórica que si alguien la cruza deberá sufrir las consecuencias, sin importar quién sea. Pero mientras sigamos encontrando excusas (peor aún dependiendo de si el sindicado es nuestro familiar, del círculo o amigo), nunca podremos construir un país en el que la ley impere.
