Francisco Cáceres Barrios
fracaceres@lahora.com.gt
Hasta ahora comprendo por qué el Contralor General de Cuentas no actuaba contra la tozuda actitud del alcalde capitalino de ocultar el manejo de las finanzas municipales, especialmente en lo que respecta a la práctica de emplear los fideicomisos, como su empecinada oposición a no cumplir con su obligación legal el mandato constitucional consignado en su artículo 30, pues nadie ignora que todos los actos de su administración son públicos. Pero conocida la radical posición de Arzú por emplear la violencia con toda aquella persona que haga algo que le disguste, entiendo que ahora el Contralor se está corriendo el riesgo que le mande a dar una «leñazeada», replicando lo que hizo con aquellos calificados de intrusos que pretendían ingresar a «su» centro comercial del Amate.
¿Será que alguien de mucho poder ha estado presionando al Contralor General de Cuentas y que por ello se decidió a cumplir con su deber, anunciando y denunciando a tantos que han venido contraviniendo las leyes del país o es que por fin escuchó el clamor popular porque los funcionarios públicos cumplan a cabalidad con sus deberes y responsabilidades? ¿O será que don Álvaro antes lo había amenazado con emplear su acostumbrada violencia? No lo sé, ni tengo idea de dónde salió el empeño del funcionario encargado de fiscalizar el funcionamiento de las finanzas municipales, pero lo cierto es que ya era hora que sacara a luz tantas anomalías observadas en la administración de Arzú y como buen ejemplo, esas nueve empresas empleadas a gusto y antojo por la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA).
¿Qué significa el término «transparencia política»? Por todos es conocido que no es otra cosa que la obligación de quienes son depositarios del poder por la vía electoral para dar cuenta a los ciudadanos de todos sus actos, especialmente el uso del dinero público y prevenir de esa manera los casos de corrupción. Sabido es por todos que por no cumplir con algo tan elemental estos últimos días hemos estado viendo cómo las cárceles están abarrotadas y cómo, por no haber utilizado los recursos adecuadamente, los que ahora son sus huéspedes, están padeciendo las consecuencias de haber vuelto el mal llamado sistema penitenciario, todo un desastre.
Lo contrario a transparencia es la opacidad, también el engaño, el fraude o el mal manejo de algo que no es propiedad del funcionario público. Los ciudadanos entonces no pedimos nada del otro mundo, tan solo exigimos que se le diga qué se hace con el dinero que se le encarga manejar, para poder saber a ciencia cierta si se hace de manera proba y eficiente. ¿Acaso es mucho pedir para merecer una «leñazeada»?
