Claudia Escobar. PhD.
claudia_escobar@radcliffe.harvard.edu
El amparo es el instrumento con que cuentan los ciudadanos para defender sus derechos fundamentales. Según la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad procede “No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan”.
El uso indebido del amparo como lo describe la investigación “El Negocio de las Farmacéuticas con pacientes de cáncer terminal”, realizada por Oswaldo Hernández de Plaza Pública, en la cual se afirma que existe “una red de abogados, médicos, asociaciones de pacientes y especialistas del IGSS” que a través del uso de ese mecanismo legal obligan al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a comprar medicamentos que la institución no tiene entre el listado básico de medicamentos, nos obliga a preguntarnos si lo que está mal es la norma que regula el amparo o el uso que se hace del mismo.
El tema es complejo y conlleva consideraciones éticas. Por una parte, todos los usuarios del IGSS tienen derecho a que se les brinden los medicamentos necesarios para la enfermedad que padecen. Se sabe que el Seguro Social no cuenta con todas las medicinas desarrolladas para tratar los distintos tipos de cáncer. El paciente confía en su médico y busca a través de un amparo obtener el mejor tratamiento para el mal que padece. Si el diagnóstico del doctor es el correcto y se prescribe la medicina adecuada, la calidad de vida del enfermo mejora. En estos casos el amparo es la única forma en que se logra que la institución cumpla con su objetivo; dar el tratamiento a sus afiliados. Por otro lado los juzgadores no pueden determinar cuándo un medicamento solicitado es el adecuado para la enfermedad del paciente, por lo que se presume que el amparo planteado es para el beneficio del paciente.
El problema surge cuando los médicos del IGSS junto con abogados y farmacéuticas utilizan los padecimientos de un enfermo para recetar un medicamento que no es el óptimo, con el fin de lucrar. En estos casos se instrumentaliza al paciente para beneficio de un grupo de individuos que se aprovechan con la venta de un medicamento determinado.
En los momentos actuales por los que atraviesa la sociedad guatemalteca, vemos como se han instrumentalizado las normas que fueron creadas para protección de los ciudadanos. Es vergonzoso e ilegal que en contubernio con los particulares, los funcionarios públicos usen sus cargos para enriquecerse.
El caso que se describe, del abuso del amparo, solo es posible en un contexto donde no existe respeto por la ley, ni por la vida del prójimo. La falta de confianza en las instituciones de justicia, han impedido que los ciudadanos honestos recurran a esas instancias para impedir el desfalco del Estado.
Ahora que contamos con un Ministerio Público empoderado de su función y del apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad –CICIG– tenemos los guatemaltecos la oportunidad de recuperar nuestro país de manos de las estructuras criminales, para lo cual es necesario buscar fortalecer todas las instituciones de justicia.
