Luis Fernández Molina
El rafting es una actividad recreativa o deporte –a veces extremo– que se ha desarrollado en los últimos años. Las oficinas de turismo lo han promovido para incrementar la oferta de sus respectivos países. En años recientes en Guatemala hubo un auge, acaso una moda. Debe ser una espléndida experiencia recorrer nuestros paisajes sobre las corrientes. Ignoro si las circunstancias han permitido el desarrollo de esa práctica debido a la inseguridad general, la baja de los acuíferos, la oposición de ribereños, etc. En todo caso se debe tomar el río en un punto alto y descender conforme la corriente hasta llegar a determinado punto bajo.
Imagino las reformas al sector justicia como una excursión en una balsa o en kayak que debe llegar al mar. Empieza un recorrido que tendrá diferentes escollos. Los primeros serán unos rápidos muy agresivos que exigirán la máxima pericia de los conductores para evitar un vuelco. Luego estará un tramo lleno de rocas expuestas que amenazarán la integridad de las balsas y de sus ocupantes. A continuación una zona extendida con muy poca profundidad en donde pueden quedarse varados. Pero al final, poco antes de llegar al puerto de destino, hay un último obstáculo, una catarata de 3 metros de altura que no se puede evitar y por lo mismo hay que superarla de alguna manera.
La propuesta, igual que la balsa, debe ser sólida para que resista las inclemencias de la travesía y vaya sorteando sus peligros. Esto es que el planteamiento debe ser congruente, bien estructurado. Caso contrario se desarmaría al nomás tocar el río. Con este objetivo se han abierto muchas mesas de discusión y se ha tomado nota de las diferentes sugerencias. Esto es bueno, pero al mismo tiempo genera un problema: cada ponente quiere que su planteamiento sea incluido en el texto final del proyecto.
Al igual que el kayak la proposición debe atravesar ese primer trecho de fuertes corrientes en el que todos los sectores querrán participación. Cada grupo reclamará su espacio, su cuota. Caben aquí las facultades de Derecho, el Colegio de Abogados, los representantes de las comunidades indígenas, la sociedad civil, ambientalistas, etc. Superado este tramo continúa el recorrido por un paso difícil, plagado de piedras afiladas: el trámite en el Congreso. El Congreso aprobará el texto definitivo de la reforma constitucional con mayoría de dos tercios (difícil de obtener).
El último obstáculo: la catarata. Lo acordado por el Congreso se someterá a la consulta popular (Artículo 280). Se repetirá aquí el mismo debate de etapas anteriores en la mente de cada guatemalteco y cada uno hará un balance cruzado, en esto estoy de acuerdo de la propuesta, pero no en aquello: quitar el antejuicio sí, eliminar las Comisiones de Postulación sí, 10 años de magistratura no, incorporación de derechos consuetudinarios no, Corte de Constitucionalidad de 9 miembros no, etc. Salvando lo serio del tema es como “un tin marín de dos ¿quién fue?”
Opinión. Son necesarios cambios al sector justicia. Por lo mismo deberíamos ir avanzando poco a poco, producir las primeras reformas –como ya se empezó– con la Ley Electoral. Seguir con otras leyes que pueden modificarse en el Congreso como las de Amparo, Antejuicio, Procesal Penal, Servicio Civil. La apuesta por la reforma constitucional es buena, pero incierta y puede distraer muchos recursos que podrían utilizarse en las arriba citadas reformas menores.
