Pedro Pablo Marroquín Pérez
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El día sábado el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) develaron el nuevo caso de investigación denominado “La Cooperacha” y con ello llegó el día en que salieron de las piedras los funcionarios del gobierno de Otto Pérez y Roxanna Baldetti que manejaron los ministerios sobre los que se concentraban la mayoría de señalamientos.
De los cinco exministros señalados, tres ya están tras las rejas de manera preventiva y dos, Alejandro Sinibaldi y Erick Archila, están en el exterior desde donde alegan que no son prófugos, que no hay pruebas que los vincule al caso y critican a Monzón tal y como lo hizo López Bonilla y lo ha hecho Pérez Molina; Sinibaldi hasta critica el nombre que se le dio al caso, porque según él, “La Cooperacha” es poco serio.
Todos alegan inocencia y les tocará probarla en tribunales y no mediante comunicados, pero el caso de “La Cooperacha” hay que entenderlo como parte del botín y es que el caso se traduce en lo que los funcionarios deben devolver a sus jefes ante el privilegio que les representa ser ministros en un sistema que está diseñado para que todo lo que se haga, conlleve que haya “obras con mucha sobra”, parafraseando a aquel cínico de la OIM.
Según las investigaciones, Ulises Anzueto dio Q250 mil; Manuel López Ambrosio Q4.2 millones; Mauricio López Bonilla, Q2 millones 513 mil más $98 mil; Erick Archila, Q2.2 millones más $100 mil (bancarizado); Alejandro Sinibaldi, Q2.5 millones y $245 mil y por último, Juan de Dios Rodríguez, Q4.4 millones.
En otras palabras, se recaudaron Q16 millones 63 mil y $443 mil (Q3 millones 445 mil 400 a un tipo de cambio de Q7.8 por $1) y el tema es que nadie se iba a sacar de su sagrada bolsa tales cantidades para darle a binomio presidencial Q19 millones 518 mil 400 solo por su linda cara o por agradecimiento de poder hacer Gabinete juntos.
¿Cuánto habrán tenido que estar recibiendo en mordidas y negocios los funcionarios señalados para que nos les haya pesado la imposición que les hicieron para agradar a quienes los pusieron en esos puestos que le traían réditos únicos?
Los ministros de la Defensa tienen pisto para tirar a manos llenas porque las finanzas y propiedades del Ejército son los nuevos gastos confidenciales del Estado; el Ministerio de Comunicaciones ha sido el reducto perfecto de quienes lo han manejado, porque las comisiones que se pagan por adjudicación, supervisión benévola y pago, son únicas.
El Ministerio de Energía y Minas se cotiza muy bien por su relación con el tema eléctrico, por sus autorizaciones para las hidroeléctricas y demás temas de energía, uso de recursos naturales, hidrocarburos y sin olvidar los temas mineros.
De Gobernación no digamos, porque aunque su tema es la seguridad, históricamente ha sido un brazo estatal de contratos importantes para todas sus dependencias y al igual que Comunicaciones, de montos sumamente importantes.
Este caso de “La Cooperacha” nos demuestra que, además de tener la necesidad de modificar el sistema político, urge cambiar nuestra matriz de compras, adquisiciones, adjudicaciones y emisión de licencias estatales, porque hasta hoy lo ya mencionado ha sido, es y seguirá siendo una fuente importante de corrupción y pago de mordidas.
No vayamos a cometer el error de pensar que solo estos ministerios y en el gobierno pasado se tienen grandes tajadas, ya que estos son los que por ahora se pueden probar. Por eso es que urge que todo esto se traduzca en cambios, aunque ahora que ya se habla de cambiar el sistema y no solo de sacar a los ladrones de turno, ya hay gente que empieza a marcar distancias.
