Jorge Mario Andrino Grotewold
* @jmag2010
El ejercicio novedoso implementado por el Gobierno del presidente Morales y el Ministro de Finanzas Públicas es sin duda un avance importante dentro de un país que persigue alcanzar un verdadero Estado de derecho. El presupuesto “abierto” encierra una poca convocatoria hacia la sociedad civil y una gran diseminación hacia los medios de comunicación, a pesar de que sus resultados serán casi nulos.
En primera instancia debe resaltarse como un ejercicio de rendición de cuentas del Estado, pues cada uno de los ministros y secretarios tuvo que explicar la ejecución de sus presupuestos anteriores, aun cuando no fueren ellos quienes los diseñaron o ejecutaron, habiendo existido un cambio de gobierno en el 2016. Sin embargo, esa explicación tuvo como propósito justificar la necesidad de aumentar sus ingresos e intentar convencer al Ministro de Finanzas Públicas de la necesidad de cada aumento. Así entonces, seguridad, defensa, salud, educación, cultura y todas las carteras posibles desfilaron con sendas propuestas de aumentos presupuestarios, ante la mirada de pares de gobierno, medios de comunicación y alguna que otra organización de sociedad civil que se interesa en cada temática.
El Ministro de Finanzas ha explicado, razonablemente, que la metodología obliga a escuchar las propuestas, pero que era solamente su cartera la que tendría la decisión final sobre el alcance de las mismas (como siempre ha sido). La priorización de la que se habló durante la inauguración de los ejercicios, poco tendrá sentido si no se encuadra dentro de las políticas públicas que ya el Estado tiene y aquellas que el gobierno desee impulsar desde su particular eje estratégico. Los espacios presupuestarios entonces, se limitan a justificaciones de gastos administrativos para dar respuesta a sus necesidades, y poca inversión de calidad para afrontar una estrategia nacional como lo puede ser la seguridad alimentaria, la gestión socioambiental, la solución de conflictos agrarios o evitar la infiltración del crimen organizado en el territorio nacional, entre muchos otros aspectos estratégicos olvidados seguramente en una definición presupuestaria.
El ejercicio de presupuesto abierto no significa una elaboración participativa del instrumento, sino solamente un mecanismo de validación de la propuesta que haga el Organismo Ejecutivo y que deberá ser conocido por el Congreso de la República. Así entonces, no se piensa en los resultados como lo pueden ser políticas tributarias efectivas, o bien recorte austero e inteligente de gastos superfluos. Un claro ejemplo es el aumento reciente aprobado para los viáticos de servidores públicos, que en nada coadyuva a sanear las finanzas alicaídas del gobierno.
La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República deberá entonces, tomar ese rol estratégico y de órgano representativo de la población para asentar una política presupuestaria orientada a lo que en realidad se necesita en el país y no lo que los compromisos políticos dicten, tanto a nivel local como centralizado. Si no empiezan a pensar así, el desarrollo no podrá alcanzar un punto de equilibrio mínimo, ni siquiera con más recursos que obtengan de tributos o préstamos.
