Raúl Molina
Es fácil apoyar la petición de eliminar el antejuicio para funcionarios con excepción de presidente y vicepresidente. Esto no eliminaría, lamentablemente, los marcados vicios del sistema político. El tema medular es la inmunidad que deben gozar algunos funcionarios para evitar acciones falsas en su contra. Recordamos que luego de que el Rey Enrique VIII de Inglaterra metiera en prisión a los parlamentarios que se oponían a su autoproclamación como Jefe de la Iglesia de Inglaterra, el Parlamento exigió inmunidad para sus miembros. El concepto se desarrolló después en la legislación moderna, de manera que se necesita demostrar la culpabilidad del funcionario para quitarle la inmunidad. Debe permitirse el derecho a la defensa -en el caso de la Presidenta de Brasil, se negó ese derecho y el proceso actual de separación es simplemente un “linchamiento político”. No son ni la inmunidad ni el antejuicio los que están mal; es la corrupción en los organismos que toman las decisiones. La esencia del problema es a quiénes se elige y qué mecanismos realmente democráticos existen para separarlos del cargo. Esto obliga a reformar radicalmente la Ley Electoral y de Partidos Políticos sobre la base de una nueva Constitución. Quitar el antejuicio o, por el contrario, reforzarlo es intrascendente; los corruptos seguirán prevaleciendo si no se establecen nuevas reglas del juego.
La Constitución actual prescribe la no reelección de presidente y vicepresidente; pero nada para diputados o alcaldes y muchos otros cargos. Lo que hay que evitar es la reelección, salvo de quienes demostraran probidad y capacidad. La Usac tiene la norma de que para reelegir a Rector y Decanos debe lograrse 2/3 de los electores, lo que funcionó bien durante un largo período; en los últimos años, sin embargo, se ha corrompido por falta de democracia y la compra de voluntades. Para la Usac hoy, la reforma universitaria debiera obligar a la prohibición de la reelección, ya que quien ejerce un cargo en que se manejan cuantiosos recursos tiene demasiadas ventajas con relación a otras candidaturas. También en las circunstancias actuales del Congreso y las municipalidades, con toda la podredumbre que el MP y la CICIG han sacado a luz, debiese haber prohibición expresa de reelección. Igualmente, por el poder absoluto conseguido y el abuso del mismo, debiese haber prohibición de participar como candidato a cualquier militar retirado. Así, todos los militares que estuvieron de alta durante el período del conflicto armado debiesen quedar excluidos de la participación política, porque el pacto de silencio que guardan con relación a las gravísimas violaciones de derechos humanos los hace cómplices de los horrendos crímenes cometidos. No se les puede llevar a juicio sin evidencias de responsabilidad individual; pero sí debe aplicarse la sanción política de no participar en los procesos electorales. Finalmente, para presidente y vicepresidente debemos establecer un artículo revocatorio, mediante el cual el pueblo pueda sacar de los cargos a quienes los ejerzan de manera inadecuada. Como podemos observar, ¡La refundación del Estado es imprescindible e inaplazable!
