Claudia Escobar. PhD.
claudia_escobar@radcliffe.harvard.edu
Día a día los guatemaltecos despertamos con nuevas noticias sobre graves casos de corrupción dentro de las instituciones del Estado. Me indigna especialmente el caso que ha documentado Plaza Pública en su reportaje “El negocio de las farmacéuticas con pacientes de cáncer terminal”, ya que conozco de cerca el calvario que viven en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) los enfermos de cáncer y las opciones que dicha institución brinda a sus pacientes en la unidad denominada por dicha entidad como “Paliativos”.
Dicho término, de acuerdo a la Real Academia Española, significa: “tratamiento o remedio que sirve para mitigar, suavizar o atenuar el dolor de un enfermo”. En la actualidad existen tratamientos para distintos tipos de cáncer, unos más efectivos que otros. Sin embargo en el IGSS lo único que la institución ofrece a sus pacientes es literalmente paliativos, ya que en su listado básico de medicamentos no cuentan con productos desarrollados para erradicar dicha enfermedad.
Un paciente del IGSS es un ciudadano que ha contribuido con su trabajo para gozar de dicho servicio. A cambio la institución está obligada a brindarle la cobertura médica que este necesite. Negarle a un enfermo de cáncer el medicamento y tratamiento adecuado implica una violación a derechos fundamentales como la vida, la salud, el desarrollo integral, la seguridad y el seguro social, protegidos en los artículos 2, 3, 51, 93 y 100 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
A principios del año 2012 mi padre fue diagnosticado con cáncer de hígado (hepatocarcinoma). Recibimos la noticia en el consultorio de un gastroenterólogo y aún recuerdo la sensación de dolor y confusión. Entendía poco lo que el médico decía, pero tenía claro lo que implicaba.
El cáncer es una enfermedad compleja; el tratamiento efectivo requiere de un buen diagnóstico y un médico competente. En las semanas siguientes, aún en estado de shock por la noticia, mis hermanas y yo visitamos más de una docena de doctores de distintas especializaciones; leímos todo lo que pudimos sobre el tema, incluyendo revistas científicas; y las creyentes pedimos a Dios un milagro.
Entre las alternativas los distintos médicos propusieron desde el uso de medicamentos de última generación junto con quimioembolización, hasta trasplantes. Sin embargo ninguna de estas alternativas eran ofrecidas por el IGSS, a menos que se recurriera a un amparo contra la institución.
Elegimos ponernos en manos del médico que nos pareció el más ético y competente, quien dicho sea de paso no tenía ninguna relación con la institución. También recurrimos al uso del amparo para obligar al IGSS a cubrir el tratamiento prescrito.
Debido un diagnóstico correcto, en el momento oportuno y de un tratamiento adecuado, mi padre hoy sobrevive a diagnóstico de cáncer con pocas esperanzas de vida. Es él, según las estadísticas del Seguro Social, el paciente con mayor tiempo de sobrevivencia de cáncer hepático.
El conocer por medio de la investigación realizada por Oswaldo Hernández que existen médicos y abogados que junto con los proveedores de medicamentos se han organizado para engañar a los enfermos y aprovecharse de su vulnerabilidad para obtener beneficios económicos me parece un hecho inhumano, que además debe ser investigado por el Ministerio Público. El uso del amparo para esos fines es un fraude de ley, sobre lo que escribiré próximamente.
