Francisco Cáceres Barrios
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A muchos gustaron las respuestas que el presidente Morales diera a los periodistas durante la conferencia realizada en la sede del Ministerio Público cuando este, acompañado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, diera una larga información sobre la cooptación del Estado por los cabecillas de la banda, entonces denominada Partido Patriota. Repitió el presidente Morales que en su gobierno no habría corrupción, como que por ello estaba respaldando con su presencia a las otras dos entidades mencionadas. Sin embargo, es una pena, como lo dije en anterior comentario, que sea solo la CICIG y el MP quienes continúen librando ese feroz combate contra la corrupción, mientras las demás entidades del Estado, se hacen como que el deseo presidencial no va con ellos o como que lo que diga el presidente es solo del diente al labio.
Es que en todo ese maremágnum de hechos delincuenciales descubiertos, si bien es cierto que nos deja con la boca abierta la incontenible voracidad de Pérez Molina, la Baldetti y sus colaboradores, también lo es que no representa nada nuevo para la población, pues por muchos años hemos visto desfilar actos corruptivos de la peor calaña, sin que nadie haya movido un dedo para evitarlo. Por ello es que repito la expresión de que no caben más promesas en la boca del presidente recién electo, sino solamente hechos y resultados sobre tantas cosas que no se ha tomado acción, por ejemplo, con los mentados “fideicomisos”. De donde cabe preguntar: ¿Por qué el presidente Morales sabiendo que estos son fuente de corrupción no los prohibió desde el inicio de su período presidencial?
Si le tomáramos la palabra al presidente Morales de que en su gobierno no quiere la corrupción, ¿por qué entonces los fondos con que se manejan los fideicomisos, siendo públicos, no se cumple con lo que dicta la legislación nacional, empezando por la misma Constitución? ¿Cómo es posible que el presidente permita que los fondos que ingresan al Estado sigan siendo manejados por bancos privados, por lo que no están sujetos a la rendición de cuentas ni al control del Estado? ¿Ignorará el Presidente que el manejo de los fondos públicos en un fideicomiso lo hace un llamado “comité técnico”, nombrado a dedo por su gobierno, como que sus integrantes evaden la obligación de presentar sus declaraciones juradas patrimoniales?
¿También ignora que la fiscalización del manejo de los recursos se confía a auditores independientes y no a la Contraloría; que el personal que labora en los fideicomisos no está sujeto a la Ley de Servicio Civil, como que sus transacciones tampoco están sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado? ¿Qué estará esperando entonces para suprimirlos?
