Jorge Mario Andrino Grotewold.
@jmag2010
El terremoto positivo causado por la CICIG y el Ministerio Público, la semana pasada, dejó perpleja a la población guatemalteca, que ha visto con buenos ojos la forma en que los casos imputados por corrupción se empiezan a ventilar con justicia, y todos los casos reconocidos de antaño, finalmente llegan a su fin. Monopolios en medios de comunicación, plazas fantasma en los Organismos de Estado, financiamiento ilícito e inmoral de campañas políticas y en general, corrupción al más alto nivel, de funcionarios, políticos y empresarios.
Los procesados han sido diversos, desde exfuncionarios de gobierno, legisladores y personas particulares que presuntamente se han beneficiado por actos de corrupción del gobierno del Partido Patriota, aunque se reconoce que no es exclusivo de ese gobierno, sino de un sistema político y un sistema electoral que ha sido implantado desde años atrás, y que ha operado salvajemente para empobrecer al país. No se debe olvidar que cada uno de los gobernantes y legisladores han sido electos directamente por la población, y que ésta, no ha sido lo suficientemente efectiva para escoger políticos sin mancha de corrupción, incluyendo al poder local.
Los espacios mediáticos creados por medio de conferencias a la prensa y con argumentación preliminar de los casos, tiende a varios objetivos, pero principalmente al de informar a la población y causar un estado de concientización de esa masa crítica, para apoyar e impulsar el espacio de combate a esa corrupción. El principio de la presunción de inocencia se limita un tanto, porque a la luz de los procesos judiciales las garantías se respetan operativamente, pero los acusados son expuestos a una condena social, merecida si en realidad la Fiscalía hizo su trabajo y existen suficientes pruebas en su contra, pero injustas si las investigaciones se basan solamente en presunciones o hechos no comprobados. La esperanza de la Justicia es alta, y la expectativa de llevar a los responsables de un sistema corrupto a una condena, es grande.
Por ello se aplaude y felicita por las investigaciones realizadas, las acciones de captura y la facilitación de los medios de prueba, como convicción de la culpabilidad de los acusados, pero la responsabilidad será amplia si todo este esfuerzo no se traduce en sentencias condenatorias, o bien si dentro de los procesados existen injusticias o ilegalidades, que no harían más que sustituir un sistema perverso, por otro.
La confianza depositada en la CICIG y el Ministerio Público por buena parte de la población está más que asegurada. Sin su participación y esfuerzo los casos de corrupción señalados habrían quedado impunes. Pero esa confianza será confirmada con las sentencias al final de los procesos, que aseguren que sus métodos, estrategias y acciones fueron siempre fundamentados en ley, respetando las garantías constitucionales y saneando a un país para empezar un nuevo futuro.
