Raúl Molina
Hay quienes se rasgan las vestiduras en Guatemala, aduciendo que hay presos políticos en Cuba, lo cual ni Obama pudo afirmarle a Raúl Castro, y en Venezuela, refiriéndose a personas sentenciadas en los tribunales por delitos reales, pese a que su Congreso, en manos de la oposición, ha querido amnistiarlos. Nada dicen con respecto a presos políticos que sí los ha habido y hay en nuestro país. La práctica no es nueva, ya que la colusión entre tribunales de justicia, empresas y otros interesados ha llevado a prisión a muchos líderes comunitarios bajo falsas acusaciones. Ocurrió en Izabal, occidente y otras partes, en especial donde las empresas de agua, mineras y otras tratan de quitar a los pueblos sus territorios, tierras y recursos. La justa y necesaria resistencia de las poblaciones ha llevado invariablemente a acusaciones absurdas de los “poderosos” contra los dirigentes, incluida la acusación de “terrorismo” (solamente ha existido “terrorismo de Estado”), las cuales son aceptadas por los tribunales.
La RPDG entregó el pasado 24 de mayo su Premio 2015 de la Paz y el Desarrollo a Saúl Aurelio Méndez y Rigoberto Velásquez, dos líderes de Santa Cruz Barillas, que debieron soportar más de dos años de injusto cautiverio. Al recibirlo, ambos se dirigieron a la Fiscal General, Thelma Aldana, presente en el Salón Mayor de la Usac para recibir su propio Reconocimiento, y denunciaron el corrompido sistema judicial de Huehuetenango. Urge hacer ahí profunda depuración y dejar en libertad inmediata a los presos políticos. Ayer circuló la noticia de que Bernardo Ermitaño “Taño” López cumplió 365 días de su detención ilegal, realizada en la Torre de Tribunales, y sigue preso. Siguen presos también, sin haber cometido delito alguno, Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar, Mynor López, Arturo Pablo, Adalberto Villatoro y Francisco Palas. En enero, sugerimos por diversas vías a Jimmy Morales que, como gesto de buena voluntad, los dejara en libertad el 15; ni siquiera se dio por enterado y en cuatro meses ha dado muestras de estar del lado de quienes abusan de la justicia. Confiamos en que la Fiscal General haga lo que no hizo el Presidente.
Actualmente se discuten, de manera cerrada e inconsulta a la población, las reformas del sector justicia; el CACIF se ha apresurado a oponerse a la inclusión del derecho consuetudinario indígena. Igualmente, los “poderosos” tratan de limitar, mediante antojadizos “reglamentos”, el derecho de los pueblos indígenas a dar o no su consentimiento libre, previo e informado a cualquier proyecto que se quiera hacer en sus territorios y tierras. Esas reformas no las necesita el país. Estaríamos de acuerdo con una reforma, eso sí, que castigue a empresas, individuos, jueces y fiscales por mantener presas a personas inocentes, bajo acusaciones falsas. Como mínimo, debiesen compensar económicamente el tiempo que los presos políticos han dejado de percibir ingresos por estar sin trabajo y, más importante, pasar en prisión el mismo tiempo injustamente asignado a los presos políticos. Eso sería hacer justicia, a la altura de la exitosa campaña actual del MP/CICIG para enfrentar los casos de corrupción e impunidad.
