Jorge Santos
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH- planteó en 1999 que la “impunidad caló hasta el punto de apoderarse de la estructura misma del Estado, y se convirtió tanto en un medio como en un fin”. Y es que en ese sentido, el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos identificó y definió como uno de los compromisos centrales para el avance de la democracia y la paz en el país que no debían de “existir cuerpos ilegales, ni aparatos clandestinos de seguridad” y que el “Gobierno de la República reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos”.
Con lo anterior, deseo expresar que la garantía de justicia por los delitos del pasado, se convierten en la mejor herramienta para la del presente. Las más de 25 capturas realizadas ayer por el Ministerio Público –MP- y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- son una respuesta a ese compromiso que el Estado guatemalteco y reiterados gobiernos después de la Firma de la Paz se negaron a cumplir. El Comisionado Iván Velásquez acertadamente refiere que las y los capturados formaban parte de una megaestructura que mantenía cooptada la institucionalidad del Estado guatemalteco para agenciarse de sus recursos y mantener la impunidad.
Por todos y todas es conocido que las primeras experiencias de cooptación del Estado se afincaron en tenebrosas estructuras vinculadas con miembros del Ejército y de la oligarquía con el fin de mantener el control social, desviar recursos públicos para la política de terror y contrainsurgencia y para enriquecer a las diferentes cúpulas militares y económicas a lo largo del Conflicto Armado Interno. Por lo tanto nombrar las cosas resulta siempre tan importante, dado que fueron aquellas estructuras, las cuales gozando de impunidad en el marco de la guerra, dieron vida y paso a las estructuras criminales del presente. En cada uno de los casos que el Ministerio Público y la CICIG van desnudando, siempre aparecen los actores militares ya sea en situación de retiro o activo, que durante aquellos tenebrosos años, formaron parte de la estructura “legitimada” que coopto la institucionalidad pública.
Es por ello que no resulta extraño que actores de la política de tierra arrasada o vinculados a ella sean los ahora capturados o perseguidos por el MP y la CICIG; nombres como Otto Pérez Molina, Juan de Dios Rodríguez, Luís Mendizábal, el Teniente Jerez o los hermanos Alejos y otros forman parte del entramado que durante décadas han mantenido al Estado guatemalteco en indefensión absoluta para agenciarse de riquezas o generar más y mejores privilegios a una clase que no sabe más que medrar a costillas del Estado.
Frente a este importante golpe a la impunidad, la sociedad guatemalteca tiene la importante tarea, no sólo de respaldarles sino que impedir que los grupos de poder económico, militar y del crimen organizado den marcha atrás a los importantes pasos dados en estos momentos.
