Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
Es importante que usted sepa, estimado lector, que el nuestro ha sido un sistema que ha sido secuestrado por los poderes paralelos con el afán que su navegar al margen de la ley (en muy variados ámbitos) pudiera permanecer en la impunidad y de esa cuenta, además del secuestro de los Organismos Ejecutivo y Legislativo, el tomar control del Organismo Judicial y los entes relacionados con la justicia (MP, PGN) era una pieza clave para apuntalar la impunidad.
De tal cuenta que se pensó en su momento que el derecho a antejuicio era necesario para proteger a los “buenos” funcionarios de esa vorágine que representa el secuestro de nuestro sistema. Mientras el sistema de impunidad estuvo intacto, el antejuicio protegía a los “buenos” y era una doble garantía de tranquilidad para los malos, porque les daba mayor seguridad para cometer sus fechorías.
Ahora que las cosas han venido cambiando (nos falta aún para decir que cambiamos definitivamente) y que vemos a una CICIG y un MP más activos y decididos a luchar contra la corrupción, nos damos cuenta que el antejuicio es un freno para el cambio y que eliminarlo es tan necesario como liberar a la cadena de justicia del secuestro que ha sido víctima por los poderes paralelos que entre otras cosas, han minado su independencia.
Las reformas al sector justicia que se debaten nos deberían de arrojar el resultado de la eliminación del derecho de antejuicio para todos los funcionarios. ¿Entonces nos iremos a la cárcel por denuncias sin sustento?, dicen muchos y la respuesta es no, porque junto con la eliminación del antejuicio, se debe lograr reformar el sistema de justicia y el sistema político. Tanto la eliminación del antejuicio como las reformas de los sistemas debe ir de la mano.
El antejuicio representa un obstáculo enorme para luchar en contra de la corrupción. Así como vemos el caso de los exdiputados Selvin García y Julio César López Villatoro (hermano del Rey del Tenis), quienes renuncian y pierden ese derecho dando paso a las acusaciones, también vemos como César Fajardo, Carlos López, Luis Rabbé, Arístides Crespo y Manuel García Chutá, se aferran a la diputación para tener el antejuicio.
¿Por qué se aferran? Por la simple y sencilla razón de que ellos mismos fueron los que en el 2014 sellaron el más grande pacto de impunidad que ha conocido el país nombrando a la Corte que ahora, cual vil pandilla, lidera Blanca Stalling y esperan que el pacto rinda sus frutos; el pacto no solo incluyó a los magistrados de la Corte Suprema sino también a los magistrados de Salas de Apelaciones.
Por esa red de impunidad, alcanza a jueces como Walter Villatoro, el juez Patán, la jueza Sierra de Stalling, quienes tienen en su haber un bonito historial de favores para beneficiar a personajes que no tienen ningún empacho para conseguir las cosas de formas “poco convencionales”.
La mejor defensa para un representante del Estado no debe ser el antejuicio, debe ser la gente y les pongo un ejemplo: Thelma Aldana. Cuando La Hora denunció un plan para perjudicarla desde la misma CSJ, beneficiando a Gudy Rivera, fue la misma gente que se volcó en apoyo y eso hizo recular a los miembros de la Corte (bastando solo las redes sociales).
El antejuicio debe desaparecer, las reformas al sistema político y judicial deben darse y debemos romper el círculo vicioso de una protección que se pensó para los honrados, pero terminó siendo un valladar para los pícaros de los tres poderes del Estado y las municipalidades del país.
