Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Ninguna lucha en nuestro país será tan dura como la que actualmente libran contra la corrupción la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público, puesto que no solo tienen por delante un inmenso campo de batalla, sino que el mismo está profundamente minado por estructuras de impunidad que fueron sembradas hace muchos años y que, a pesar de los avances que hemos visto, siguen en su lugar, inamovibles, para cuando llegue el momento en que tengan que pagar las facturas a quienes fueron nombrando en cada período a los llamados a ser el instrumento final para desestimar todo el trabajo de investigación que se ha hecho hasta el momento.
No es extraño ver que los sindicados hablan con absoluta seguridad de que a la CICIG y el MP se les están cayendo los casos, no obstante que ellos y los ciudadanos sabemos que los mismos son sólidos y bien estructurados, pero los casos finalmente dependerán del criterio del juzgador que tenga que conocer las pruebas y valorarlas para emitir las resoluciones pertinentes. El ideal sería que cada juez y magistrados se apegaran exactamente a los criterios procesales y jurídicos para administrar justicia, pero muchos de ellos no fueron nombrados para ese fin, sino que todo lo contrario, su puesto es resultado de pactos para mantener la impunidad en el país a toda costa.
Lo ocurrido ayer con los diputados acusados con pruebas contundentes por el escándalo de las plazas fantasma en el Congreso es un signo desalentador porque de vuelta vemos que quien tiene buenos agarres y conectes, en este país puede tener la confianza de que no sufrirá castigo. Ligados a proceso, podrán continuar con su vida tranquilamente disfrutando de los recursos obtenidos a costillas del empobrecimiento del pueblo de Guatemala. El Ministerio Público y la CICIG tienen que apelar la resolución del juez Villatoro para que, como ocurrió con el juez Gálvez en el proceso contra su colega y amigo Frank Trujillo, se enmiende la barrabasada de dejar libres, con capacidad de borrar evidencias y moverse tranquilamente, a quienes actúan al margen de la ley.
El problema actual de la lucha contra la impunidad empieza a materializarse en lo que hacen los juzgadores, que tienen la potestad de declarar que las pruebas aportadas no son suficientes para condenar a nadie. Miles de hora/hombre dedicadas al más serio y consistente esfuerzo de investigación realizado en la historia del país contra la corrupción pueden ser tiradas por la borda porque desde hace muchos años se fue construyendo la estructura de la impunidad por si acaso llegaba el momento en que alguien, en algún momento, le entraba al tema de la corrupción. Parte de esa estructura fue el Ministerio Público que ha dado ejemplo al romper lazos con el sistema perverso, en lo que es una mezcla de liderazgo de la Fiscal General y la mística de muchos de los fiscales e investigadores. Ojalá que el Organismo Judicial pueda también romper amarras con los pícaros para asegurar que esta dura batalla por construir un país decente, puede ganarse castigando a los pícaros.
