Fernando Mollinedo C.

Un golpe más a la economía doméstica: el pueblo es el pagano de la lucha entre los empresarios del pollo, estos, pertenecientes a la élite económica, manejan el mercado a sus anchas y le aumentan el precio cuando se les da la gana. Sus ganancias son millonarias y su gula por el dinero es insaciable.

El precio de los combustibles no está de acuerdo a las bajas y alzas del mercado internacional que dependemos; es incongruente que mientras en Europa y Estados Unidos baja el precio, en Guatemala los expendedores lo aumenten. Así mismo el gas propano desde hace un año.

¿Serán seguras las inversiones que el Ministerio de Finanzas hizo comprando eurobonos? Espero no tengamos desagradables sorpresas al respecto en un futuro no muy lejano, pues se supone que las actuales autoridades no son ni corruptas ni ladronas.

La generalizada corrupción que está en período de constante “destape” desde hace un año; hace que los guatemaltecos principien a retirarle el beneficio de la duda al actual mandatario, pues cuando se esperaban algunas acciones reivindicativas, no las hizo, y por el contrario, mantiene cierta secretividad en cuanto a los negocios del Estado.

Si se diera una encuesta de calidad e impacto gubernamental de estos últimos cuatro meses, veríamos que un alto porcentaje de la población consideraría que la delincuencia e inseguridad son los problemas más álgidos que deben resolverse y la corrupción e impunidad generalizada con que actúan algunos funcionarios.

¿Existe en Guatemala alguna organización con credibilidad que haga estudios y dé a conocer los indicadores sobre la impunidad y justicia? Se deduce que el origen de la impunidad está en el mismo Estado, donde prevalecen las condiciones que provocan que sea una situación generalizada que ya casi se está convirtiendo en un derecho consuetudinario con su itinerario y su horario en el país, a no ser que el MP y CICIG les cierren el paso.

El desconocimiento e incumplimiento de la LEY DE RESPONSABILIDADES PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS, hace patente que los mismos jefes realicen actos ilegales basados en su lógica común; ignorando la lógica jurídica de la aplicación normativa, y por ello, son prepotentes, abusivos, malcriados, soeces, vulgares y creídos que lo saben y pueden todo, ganándose la reputación de ser unos grandes 0tes, imbéciles e ignorantes de las leyes y normas que los rigen.

¿Cuándo, la Contraloría General de Cuentas realizará su obligación jurídica de auditar la información que presentan los funcionarios y empleados públicos? ¿Cómo detecta las irregularidades como el incremento injustificado en el patrimonio? ¿Darían aviso al Ministerio Público para realizar la investigación correspondiente?

Es necesario crear por parte de la Secretaría General de la Presidencia de la República, la LISTA NEGRA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CORRUPTOS o bien, que en el Renap haya una Sección o Departamento que sea de consulta obligatoria para los procesos de selección, contratación comisión o empleo de cualquier persona, que informe acerca de los SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS para vedarles su reingreso a la administración pública.

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