Juan Antonio Mazariegos G.
Alrededor de la convocatoria al diálogo nacional para las reformas al sistema de justicia se han generado múltiples opiniones, lo cual en principio obedece a la misma solicitud de diálogo, sin embargo, sobresale en comentarios, posiciones y enfrentamiento la reforma al artículo 203 de nuestra Constitución Política que pretende retirar la potestad de juzgar con exclusividad a la Corte Suprema de Justicia y reconocer el derecho de los pueblos indígenas de ejercer funciones jurisdiccionales, a través del siguiente texto: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Para este efecto deberán desarrollarse las coordinaciones necesarias entre el Sistema de Justicia Oficial y las autoridades indígenas.”
Para entender un poco el alcance de la propuesta debemos comprender que por debajo de la Constitución y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos se encuentran las leyes ordinarias o comunes, los reglamentos, las disposiciones administrativas, etcétera, es decir un enorme compendio de leyes que conforman hoy nuestro derecho y que al amparo de la propuesta transcrita quedarían en potestad de ser substituidos y normados de conformidad con los usos y costumbres de cada pueblo indígena que existe en Guatemala, menudo problema, pues resulta que dentro de la multiculturalidad y riqueza de etnias que poseemos en nuestro País, por ejemplo, no podría limitarse el derecho a un pueblo Queqchí de las Verapaces a lo que disponga un pueblo Tzutujil de Sololá dado que este último podría simplemente interpretar cualquier acto o evento de una manera diferente y aplicar en consecuencia un derecho distinto a esa misma situación.
El Presidente de la Cámara de Comercio manifestó recientemente su oposición a dicha enmienda, e inmediatamente se emitieron argumentos en contra de esta oposición, resaltando el racismo, el temor, la ignorancia a la cosmovisión, la negación de la multiculturalidad y otros temas similares como aquello que impulsó a los comerciantes a oponerse. En mi opinión hay mucho sentido común en la oposición, pues antes que ser indígenas o ladinos somos guatemaltecos y aspiramos a tener un Estado capaz de satisfacer a todos sus habitantes, por encima de su etnia. Si no somos capaces hoy de satisfacer la demanda de justicia, no creo que seamos mejores porque cada quien se autolegisle, eso va en contra del mismo argumento que impulsó el diálogo al que se ha convocado, el fortalecimiento del Estado de Derecho.
