Jorge Santos
El Diccionario de la Real Academia Española establece que la responsabilidad desde la perspectiva del derecho, es la “capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente”, y es que colocar sobre la mesa la certeza de lo que implica un concepto como la responsabilidad.
Durante muchos años, décadas más bien, la población guatemalteca, particularmente las capas medias y la población empobrecida ha sabido que no sólo son quienes aportan mayoritariamente al Estado guatemalteco, a través del pago de impuestos, sino que han planteado que son las grandes empresas quienes no pagan tributos o que establecen una serie de mecanismos para eludir y/o evadir el pago de los impuestos que les corresponden.
Ahora bien, ese conocimiento popular tradicional de una cultura como la guatemalteca, se ha ido haciendo en realidad en la medida en que el Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha ido impulsando casos contra grandes empresas que representan intereses del capital tradicional en el país. Si bien buena parte de los casos de corrupción como La Línea, IGSS-Pisa, el contrato del agüita mágica del lago de Amatitlán han dado ya muchas luces de la participación de miembros pertenecientes al poder económico tradicional, no es sino hasta ahora con varias cosas en donde este hecho se evidencia de manera absoluta.
El primero de estos casos lo representa la intervención de Aceros de Guatemala; una empresa que tenía una cuenta pendiente, producto de la evasión fiscal al Estado guatemalteco por Q270 millones. Luego de la oportuna y eficaz intervención de la SAT, la empresa de una de las “familias bien” de este país pagó un total de Q782.9 millones dado que producto de la evasión, tuvieron que pagar multas y moras acumuladas por dicha evasión. El pago de Q782.9 millones por parte de Aceros de Guatemala permite contar con el 12% de la meta fiscal de abril del presente año y a su vez permite cerrar la brecha fiscal del 2016.
Los otros dos casos similares lo representan la intervención de Farmacias Galeno y de la Empresa Distribuidora de Big Cola (AJEMAYA S.A.) que en su conjunto representan en calidad de evasión fiscal más de Q32 millones. Cabe señalar que hace pocos días la empresa AJEMAYA S.A. Empresa Distribuidora de Big Cola realizó el pago a la SAT de Q27.8 millones producto de la evasión realizada. Por su parte la Farmacia Galeno ha sido intervenida por Q5 millones, producto de los mecanismos generados para evadir el pago de sus responsabilidades económicas frente al Estado guatemalteco.
Con tan sólo estos casos, se hace evidente que la responsabilidad histórica y primigenia del deterioro y debacle de la institucionalidad pública, tales como los hospitales en el sistema de salud, la educación, la política de producción de granos básicos y la infraestructura vial, no son más que estas empresas y sus dueños los únicos responsables de dicha situación.