Claudia Escobar. PhD.
claudia_escobar@radcliffe.harvard.edu
Muchos guatemaltecos nos sentimos hoy indignados con los casos de corrupción dentro del Estado, sin embargo es imposible negar que la misma ha sido parte de nuestra cultura en la gestión pública. Lamentablemente en nuestra sociedad la corrupción está tan enraizada que es difícil darnos cuenta cómo y cuándo cometemos un hecho que promueve o incentiva esa práctica dañina, pocas veces reparamos en cuál ha sido nuestra participación como ciudadanos en esta situación.
Mi primer experiencia en la administración pública fue como pasante durante seis meses en el Registro Mercantil, tiempo suficiente para percatarme que los expedientes no se resolvían en relación a su fecha de presentación, sino por el contrario, el orden obedecía a quien tuviera mejor relación con los empleados del registro. Los abogados o sus procuradores, se esmeraban en congraciarse con los funcionarios, haciéndoles obsequios para agilizar los trámites administrativos. Parecía que al cumplir con su trabajo los funcionarios estuvieran haciendo un favor al solicitante. Esta práctica me pareció nociva y perniciosa, ya que muchos expedientes quedaban relegados hasta que los burócratas se dignaran a darle el trámite correspondiente.
Cuando ejercí la profesión como abogada me topé con un sistema de administración pública en los registros y oficinas de gobierno que obedecía a dicha práctica. Con mucha frecuencia escuchaba decir: “regrese la semana próxima” o “el expediente está en análisis pero no ha salido”. Y lo mismo sucedía en la administración de justicia: sin el respectivo incentivo, el proceso se estancaba.
En los juzgados es común que un notificador espere algún tipo de donativo después de realizar la diligencia. Algunas veces los abogados ofrecen pagar el almuerzo para el cumpleaños del oficial o del juez y hay empleados que descaradamente piden la contribución respectiva para la celebración. Otros litigantes hasta organizan convivios en sus casas de playa o en clubs privados para los empleados públicos. Se sabe de jueces que se han beneficiado con cursos en el extranjero y hasta maestrías en Europa, pagadas por bufetes de abogados que litigan en sus judicaturas. Esta anomalía se evidencia en todo su esplendor en la época de los convivios en la que los auxiliares de justicia se reparten el botín de los regalos que reciben de los abogados; hay juzgados en que las botellas de licor se cuentan por cientos en esa época. Es una práctica totalmente aceptada, en las fiestas propias de la época navideña, que abogados litigantes y funcionarios judiciales compartan en feliz armonía. Es necesario decir que también hay quienes se oponen abiertamente a dichas costumbres, pero tratar de cambiarla es como nadar contra la corriente.
¿Existe diferencia entre buscar agradar a un empleado público para motivarlo a que agilice un trámite y el pretender incidir en una resolución o sentencia? En nuestra legislación abundan las normas que prohíben y sancionan el solicitar o recibir dádivas, regalos o recompensas de los particulares. Ningún guatemalteco puede alegar ignorancia de la ley. Parece que lo que hace falta es un cambio de actitudes.
La corrupción no es un fenómeno único de nuestra sociedad, pero tristemente aquí encontró el ambiente propicio para crecer y desarrollarse hasta convertirse en un monstro y ahora tenemos que buscar la forma de combatirlo.
