Francisco Cáceres Barrios
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La renuncia de la licenciada María Eugenia Villagrán del cargo de Procuradora General de la Nación no pudo ser más inoportuna, pues dejó con un palmo de narices a quienes habíamos visto pasar por una pequeñísima rendija un rayo de esperanza para que en nuestro país pudiéramos ser testigos de retomar la senda de lo correcto y lo legal de un acto absolutamente contradictorio a nuestros intereses, como lo fue el contrato fraudulento suscrito con la Terminal de Contenedores Quetzal, después negociado con la empresa holandesa Maersk. Con mucho pesar ahora, después de enterarnos de las conversaciones sostenidas por el presidente Morales con esta última, que aunque se diga que las mismas no tienen nada que ver con el proceso legal, sí dan un claro indicio para que pudiéramos seguir con la inveterada costumbre de como decimos en buen chapín “taparle el ojo al macho”.
Inoportuno también resultó el mensaje del organismo Ejecutivo después de calcular que la sequía de este año afectará a trescientas mil familias, lo que significará que alrededor de un millón 410 personas van a sufrir las consecuencias de la inseguridad alimentaria. Ahora es cuando uno se pregunta: ¿para qué diablos, a lo largo de diez años, los llamados fondos sociales de los gobiernos gastaron más de diez y ocho mil millones de quetzales? El abandono que ha sufrido la población no se ha debido entonces a la falta de recursos, sino al mal uso de los mismos en las politiquerías de siempre, entre otras, campañas electorales anticipadas desde el mismo Organismo Ejecutivo, gastos de propaganda demagógica que al fin y al cabo, no produjo más resultados que la eterna manipulación al conglomerado social.
Mientras el presidente Morales, seguramente con el fin de congraciarse con los alcaldes contemporizaba con la posibilidad de no menear ni un dedo para eliminar el antejuicio que los mismos han venido disfrutando para hacer tantos actos corruptos durante los períodos para el cual son electos, se anunciaba inoportunamente para ese contubernio que el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal que estuvo hasta el año pasado en manos de Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla, ya denotaba el mal manejo de Q63 millones por inadecuados pagos, préstamos y contrataciones. ¿Qué tal? ¿Y así todavía piensan que lo mejor para el país es mantener a toda costa la vigencia de los derechos de reelección y la inmunidad para esta clase de servidores? No concibo que con estas inoportunas situaciones los guatemaltecos vayamos a seguir soportando la burla impune de las leyes que nos rigen, sin dejar de pensar que el edificio de la democracia que construimos sin sólidos cimientos pueda caer por los suelos.
