Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
A Guatemala le conviene tener un puerto eficiente para agilizar su comercio internacional, indudablemente, pero en las actuales circunstancias resulta que la Terminal de Contenedores construida es producto de actos indecentes que podemos resumir en el pago de un millonario soborno al Presidente y la Vicepresidenta Pérez y Baldetti, lo que derivó en que se disfrazara la concesión como un usufructo, contrato cuya nulidad es imperativa.
El esfuerzo de lobby que está haciendo la empresa holandesa que compró la operación a los pícaros españoles no puede pasar por alto esa realidad ineludible. Por más vueltas que se le quiera dar al asunto, no hay forma de que con base en el contrato existente, producto de un acto criminal, ellos puedan empezar a operar como si nada hubiera ocurrido. No olvidemos que las condiciones mismas en que se pactó la operación son perjudiciales para el país, tanto así que hizo falta que embarraran con treinta millones de dólares a nuestras corruptas autoridades para que firmaran el contrato al gusto de Pérez Maura y compañía.
No es capricho ni prurito el de anteponer la decencia y la transparencia en este caso, sino una necesidad absoluta de que como país ajustemos nuestros actos a la ley y a la decencia. Aunque el futuro del país dependiera de esa operación portuaria, la misma no puede justificar el acto criminal cometido en el gobierno anterior ni hacer que como sociedad terminemos aceptando los términos del soborno. Nadie da un soborno tan jugoso si sus beneficios serán los que normalmente se obtienen en una operación negociada lícitamente, lo cual significa que en los términos en que fue pactado el contrato no sólo hubo beneficio personal para Pérez y Baldetti, sino también para los corruptores que diseñaron un negocio de manera tal en que puedan quedarse con tajadas fuera de lo que se tiene que considerar como ganancia normal en un negocio de ese tipo.
Y eso es lo que está en juego. No me ha sorprendido que funcionarios se muestren temerosos de “espantar” al inversionista extranjero porque ya sabemos que aquí no atraemos inversionistas sino piratas. Me sorprende que algunos hablen de ser cuidadosos para no comprometer al país, cuando es Guatemala en este caso la parte ofendida, la que debe reclamar indemnizaciones por el delito de cohecho cometido tanto por nuestras autoridades como por los españoles que vinieron bajo el patrocinio del entonces embajador de España en Guatemala.
En La Hora no tenemos nada en contra de que la Terminal de Contenedores pueda funcionar, pero tiene que ser dentro del proceso de nulidad del contrato de usufructo y, en todo caso, como una intervención judicial para que pueda operarse sin riesgo de perder los activos. Terminado el proceso penal vendrá la petición del comiso de los bienes producto del negocio y luego Guatemala podrá, si es de su conveniencia, ofrecer una concesión para que alguien maneje el puerto. Pero los inversionistas holandeses son, repito una vez más, como el comprador de un carro robado que no pueden pretender quedarse con él alegando buena fe. Su buena fe le exime, en todo caso, de responsabilidades criminales, pero no le da derecho a quedarse con el auto robado.
