*Claudia Escobar
claudia_escobar@radcliffe.harvard.edu
Recientemente el juez Miguel Ángel Gálvez hizo públicas las amenazas de las cuales está siendo objeto. Como el mismo juez ha manifestado, «la función de ser juez no es fácil… tiene la labor de consolidar el Estado de Derecho…» esto requiere de vocación y compromiso por la justicia. La tarea que el juez realiza es de vital importancia para toda la sociedad.
Un juez debe resolver los conflictos que los ciudadanos no somos capaces de resolver por nosotros mismos. Por ejemplo, conoce problemas de índole familiar que incluyen temas como la custodia de los hijos, las pensiones de alimentos y la separación o el divorcio; controversias laborales entre patronos y trabajadores; dificultades que surgen en las relaciones civiles como herencias, arrendamientos, derechos de propiedad, recuperar deudas, etcétera; y en casos penales está obligado a establecer un castigo al delincuente, que en la mayoría de los casos implica una privación de libertad.
El juzgador debe mantener su imparcialidad y ecuanimidad para establecer la veracidad de los hechos, lo que se complica cuando existen distintas versiones. En un juicio siempre habrá una parte satisfecha y una parte vencida generalmente inconforme. En un régimen de legalidad si el juez es capaz de razonar debidamente su opinión, ambas partes pueden respetar su decisión o por el contrario cuestionarla en una segunda instancia.
Miguel Ángel Gálvez tiene más de quince años de experiencia judicial, en esa función ha conocido casos emblemáticos. Ahora le toca la difícil labor de juzgar al expresidente de la República Otto Pérez Molina, junto a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y otros altos exfuncionarios del Estado implicados en casos de corrupción. Estos sujetos pertenecen a un grupo de individuos que acumularon un gran poder, tienen una avaricia desmedida y, además, se creen dueños de vidas y haciendas en nuestro país. Están acostumbrados a dar órdenes y que estas se obedezcan sin chistar.
No es de extrañar que en nuestra sociedad un juez sufra de presiones, pero es una bajeza tratar de interferir en su decisión a través del miedo. Las amenazas que recibe pueden ser internas o externas. Conozco casos de jueces que se sienten vulnerables dentro de sus propias judicaturas porque sospechan que las intimidaciones provienen de los auxiliares de justicia. Hay quienes entran al baño con el spray pimienta en la mano, temerosos de sufrir una agresión; otros que llevan el agua desde su casa por temor a ser envenenados; sé de una jueza a quien el secretario amenazó de muerte con pistola en mano, para obligarla a firmar una resolución. Las coerciones internas también pueden venir de las instancias superiores, bajo la figura de la sanción administrativa, el traslado o el despido. Las amenazas externas es evidente que provienen de las partes o de sus abogados.
La seguridad de los jueces es un tema serio y sumamente delicado, que requiere de la atención de la administración de justicia. Es indispensable que las amenazas al honorable juez Miguel Ángel Gálvez se investiguen y que, además, se le brinde la protección personal que requiere. La Corte Suprema ha manifestado ya su apoyo al juez y este debe ser integral. Se tiene que garantizar su seguridad y la de su familia a toda costa.
*PhD
Jueza de Carrera
