Cuando Iván Velásquez (CICIG) habla de la necesidad de un impuesto específico para el sector Justicia, a muchos se les para el pelo y otros dicen que ya tributan suficiente y que tendrán que ser las autoridades las que aprendan a utilizar los recursos.
Tenemos a la vista ejemplos claros de lo que ha sucedido en el ejercicio del poder en nuestro país y es normal que genere indignación, cólera y rechazo porque estamos hablando de que en Guatemala, literalmente, gente muere de hambre mientras todos los gobernantes, sus roscas y los dueños de la finca se han dedicado a amasar millones.
Pero también es obvio que el esfuerzo que se ha hecho a partir del rompimiento del muro de la impunidad, con la persecución de los corruptos y la formulación sólida de casos, nos ha llevado a, por ejemplo, que el Estado pudiera obtener casi 800 millones de quetzales producto de un solo caso de evasión fiscal.
A eso, debemos sumar aquellos casos en que principia a haber temor de corruptos y corruptores, porque aunque la corrupción no se ha terminado, sí ha generado que algunos piensen un par de veces lo que pueden hacer y lo que han hecho.
Hay argumentos que caen por su propio peso y dentro de ellos están tanto los que dicen que no pagan para que las autoridades no se lo roben, como los otros que dicen que ya pagan y que exigen transparencia. Pero también que es ridículo imaginar que con la carga tributaria del país, que se mueve dentro de los decimales del 10%, se logre recuperar a una nación con tantas necesidades, tan desigual y con mucha gente sin oportunidades en absoluto.
Por supuesto, esos mismos cientos de millones que han entrado a las arcas del Estado por el trabajo en conjunto del Ministerio Público, CICIG y SAT, así como todo el resto de recursos del Estado, tienen que ser bien fiscalizados para garantizar que se utilicen de la mejor manera y con la mayor transparencia.
Recordemos que estamos en un Estado diseñado para robar y en una sociedad donde se justifican los negocios corruptos en nombre de la necesidad de “modernizarnos”, como algunos funcionarios dicen respecto al puerto, y que hace falta trabajar mucho contra la impunidad.
Tiene razón el comisionado en pedir el nuevo impuesto y tenemos la obligación nosotros de garantizar que los esfuerzos por fortalecer la justicia no se limiten a hacerle porras al MP y a la CICIG sino de proveerles con las herramientas para obligar al sistema a cumplir con la ley.
