José Giovanni Chinchilla Guerrero
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En el año 2011, recibimos en Asprodeco, la solicitud de uno de nuestros asociados, para verificar la legalidad de la autorización otorgada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para la operación de las tiendas La Riviera Duty Free, propiedad del panameño Grupo Wisa (GW), en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Luego de una exhaustiva investigación documental y posterior al respectivo análisis jurídico, que incluyó aspectos tributarios y aduaneros, en Asprodeco establecimos que el entonces Superintendente de la SAT, había autorizado a GW la operación de Depósitos Aduaneros, figura aduanera que de ninguna manera se correspondía con las reales actividades que se llevaban a cabo en el Aeropuerto. Y esto era así, porque allí se efectuaban operaciones de venta de mercancías a pasajeros en tránsito, lo cual corresponde a una actividad de Tienda Libre de impuestos. Utilizando la Ley de Acceso a la Información Pública, accedimos a la normativa interna emitida en su momento por la SAT, percatándonos que se permitía a GW, a partir de Depósitos Aduaneros, vender mercancías, lo que solamente podía hacerse si realmente fuera una Tienda Libre o Duty Free. Sin embargo, para ser autorizado como Tienda Libre, debe existir un Decreto del Congreso de la República, puesto que las ventas se hacen libres de impuestos, lo cual según el principio de legalidad tributario, es facultad exclusiva del Organismo Legislativo.
Asprodeco interpuso ante la Corte de Constitucionalidad una acción constitucional en contra de los normativos emitidos por la SAT, considerando que se excedía en sus facultades al permitir que un Depósito Aduanero pudiera operar como Tienda Libre. A la par de esta acción judicial, también realizamos una serie de visitas a las autoridades de la SAT, comunicándoles la ilegalidad de su actuar; sin embargo, en todos los casos, obtuvimos respuestas negativas o vagas. Incluso en alguna ocasión indicaron que la autorización dada era únicamente para ser Depósito Aduanero. Por lo anterior, presentamos una querella penal en contra de GW/La Riviera, puesto que según lo dicho por la SAT, la operación de Tienda Libre se llevaba a cabo sin su autorización.
Sin embargo, para nuestra sorpresa, en el desarrollo de las audiencias penales, la SAT apoyó la operación que realizaba La Riviera. También, en ese momento un Fiscal del Ministerio Público, que por cierto hoy es un flamante Magistrado de Sala de Apelaciones, se plegó a los intereses de la SAT y de La Riviera, llegando incluso a pedir la exclusión de Asprodeco como Querellante adhesivo, lo cual fue acogido por la Jueza.
Posteriormente, Asprodeco presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de los funcionarios de la SAT por la autorización ilegal de La Riviera. Con el apoyo de la nueva administración, la Fiscalía de Delitos Administrativos dio un giro radical al proceso, ordenando varias capturas, logrando que se ligara a proceso a varios implicados, quienes deberán dilucidar su situación legal. También el Tribunal decretó la medida precautoria de cierre de los locales que ocupa La Riviera en el Aeropuerto Internacional La Aurora y el comiso de las mercancías que allí se encontraban.
Durante este tiempo, en Asprodeco hemos recibido innumerables críticas, desde que somos unos oportunistas hasta que estamos realmente locos por denunciar una operación ilegal, apadrinada por altas autoridades de Gobierno; sin embargo, el tiempo nos está dando la razón, poco a poco se han ido comprobando nuevos eventos que atañen a este caso. En efecto, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a las empresas del Grupo Wisa, propietario de La Riviera, en la Lista Clinton de actividades de lavado de dinero y de narcotráfico, podemos entender la razón del interés de obtener a cualquier precio, locales en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Sin embargo, preocupa de sobre manera que dentro de las instituciones encargadas de llevar a cabo el proceso iniciado por Asprodeco, todavía están incrustados algunos personajes que se resisten a abandonar esos feudos logrados a través de corrupción, por lo que debemos seguir alerta y apoyar al Ministerio Público en su lucha en contra de la corrupción y la obtención del cierre definitivo de esta empresa, que bien visto parece otro caso TCQ, que obtuvo la autorización de operación en forma ilícita.
