Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La captura ayer en Colombia de Abdul Waked, sindicado por los Estados Unidos de dirigir la mayor red mundial de lavado de dinero del narcotráfico, obliga a revisar la forma en que algunas inversiones son atraídas por las autoridades de Guatemala, como ocurrió cuando recién terminada la Terminal Aérea La Aurora, las autoridades “invitaron” a Waked y su empresa Wisa S.A. para poner su cadena de tiendas libres La Riviera en las nuevas instalaciones. El negocio fue cerrado en Guatemala antes de que se descubriera la mafia internacional gracias a la denuncia formulada por Eugenio Fernández y que en La Hora apoyamos hasta lograr que se procesara a los delincuentes que en la SAT hicieron la marufia inventando la figura de depósito aduanero para encubrir la operación de tiendas libres.
Pero lo más grave es que aquí en Guatemala hay gente que insiste en que hay que respetar a los inversionistas y acomodarse a sus actos corruptos. Cuando se produjo el cierre de La Riviera, el actual Ministro de Finanzas, a la sazón encargado de promover las alianzas público privadas, escribió un artículo en que condenó esa decisión por el mal mensaje que se enviaba a los inversionistas y porque, según él, el delito cometido por el entonces Superintendente de Administración Tributaria, Rudy Villeda, fue apenas un error administrativo que no ameritaba el cierre del negocio.
No sorprende por ello que ahora sea quien está llevando al gobierno de Morales a decisiones que en el fondo tienden a apañar el contrato producto de un soborno para darle vida a la Terminal de Contenedores Quetzal, puesto que su prioridad es que no se envíen malas señales a los “inversionistas” y que el país disponga de un eficiente manejo de los contenedores, aunque todo ello sea producto de trinquete.
Dada la corrupción escandalosa que se vive en el país, los únicos inversionistas que pueden interesarse en Guatemala son individuos como Waked o como Pérez Maura, quienes no tienen empacho en sobornar y comprar funcionarios para asegurarse ventajas que sólo pueden obtenerse como resultado de decisiones amañadas de las autoridades.
Defender la operación de La Riviera fue en su momento como defender la operación ahora de la Terminal de Contenedores Quetzal y solo falta que se vuelva a decir que al operarse mediante un usufructo se incurrió en un error administrativo, tal y como se dijo en anterior oportunidad.
Guatemala tiene que enviar un mensaje claro a los inversionistas decentes. Aquí no hay lugar para los pícaros y eso únicamente se logra si cerramos filas para repudiar cualquier negocio que sea producto de sobornos y trinquetes. En la medida en que nos mostramos tolerantes o, como se pinta ahora la cosa, “cuidadosos” en el manejo de esos asquerosos negocios, seguiremos haciéndonos propaganda como un paraíso para que venga cualquier pirata sinvergüenza a hacer micos y pericos sabiendo que hay un estamento en la sociedad que no sólo no se inmuta, sino que aplaude que el país se “modernice” con proyectos que tienen un origen tan sucio.
