Oscar Clemente Marroquín
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Una de las características de muchos de los contratos regulados en la legislación civil que forma parte del derecho privado es que el otorgante debe tener la libre disposición de sus bienes y, por lo tanto, puede hacer con ellos lo que mejor le parezca. De esa cuenta se crean instituciones como la compraventa, el arrendamiento, el usufructo, los fideicomisos y la constitución de sociedades accionarias en las que la voluntad de las partes se constituye en el elemento esencial del negocio jurídico sin que se tengan que solicitar permisos ni licencias, mucho menos supervisión y control de parte de alguna entidad como la Contraloría de Cuentas o, menos aún, del Congreso de la República o autoridad similar.
Un funcionario de Estado, aún de entidades descentralizadas o autónomas, no tiene la libre disposición de los bienes que administra y por lo tanto no pude disponer de ellos mediante figuras diseñadas específicamente para el derecho privado. Yo puedo constituir un fideicomiso con mis bienes y encomendar su administración a un banco para conseguir los fines que se me antojen, pero un Ministro o un Alcalde no pueden tomar fondos de su presupuesto y comprometerlos en un fideicomiso cuya fiscalización escapa al control de las autoridades llamadas a verificar la forma en que se usan los recursos públicos. Mucho menos puede disponer dar algo en usufructo, cínicamente calificado de oneroso, cuando la ley regula con precisión que todo servicio público que se encomienda a particulares tiene que ser concesionado, lo cual significa llenar una serie de trámites que implican la aprobación del Congreso.
No puede un gobierno crear una sociedad anónima que se queda con los activos de una empresa estatal y luego venderla como si los que enajenan fueran dueños con la libre disposición de sus bienes. Los bienes del Estado no son de ningún funcionario y por ello el derecho público es tan distinto al derecho privado.
Hay delincuentes de cuello blanco y también los hay de cuello blanco y enyuquillado. Éstos se concentran en algunos bufetes que se han especializado en diseñar el saqueo del Estado mediante la utilización de figuras del derecho privado para burlarse de las regulaciones del derecho público.
No es casualidad, ni por asomo, que los mismos bufetes que figuraron en la creación de una sociedad anónima para vender la telefonía estuvieran involucrados en la mañosería de disfrazar la concesión del puerto mediante un usufructo oneroso. Son los mismos que disolvieron un banco estatal y lo convirtieron en sociedad anónima dejando al Estado con un porcentaje de acciones que cada día baja sin que ni usted ni yo sepamos quiénes son los que velan por nuestros derechos en las respectivas asambleas generales porque no hay rendición de cuentas.
Como dueño de algo, no tengo que rendirle cuentas a nadie de lo que hago o quiero hacer con mis bienes. Pero el Presidente de la República y todos los funcionarios no son dueños de los bienes que tienen encomendados para su administración, pero los abogaditos de cuello enyuquillado les enseñaron el camino para burlarse de la ley y del pueblo a fin de asegurar la corrupción, vicio que viene de muy atrás y que hay que seguir investigando.
