Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La figura del Procurador General de la Nación fue clave para facilitar el negocio de la Terminal de Contendores Quetzal porque su dictamen jurídico fue el que dio paso al usufructo oneroso en vez de la concesión que tenía que pasar por el Congreso y ya sabemos que los 30 millones se les hubieran hecho agua a Pérez y Baldetti si hubieran tenido que salpicar a los diputados. De suerte que el titular de la PGN allanó el camino para que se pudiera suscribir un contrato que evitaba esa participación del Legislativo. Larry Robles era el abogado que siguió el consejo de los bufetes que desde tiempos de Arzú montaron toda esa estructura de fideicomisos, arrendamientos, usufructos y demás instituciones de derecho privado para burlarse de la Constitución y de las leyes de control y fiscalización.
Pero a mitad del proceso venció el período de Robles y el entonces presidente Pérez Molina tuvo que nombrar a un nuevo Procurador General de la Nación, designando para el efecto a Vladimir Aguilar. Recurriendo al sentido común y a la más elemental lógica, es obvio que antes de recibir su nombramiento fue instruido de manera detallada y precisa sobre el trámite del negocio de la Terminal de Contenedores Quetzal porque ese asunto estaba a medias y porque era pública la oposición de diversos sectores que exigían que el negocio fuera declarado lesivo a los intereses del país por infinidad de circunstancias. Y también es lógico suponer que desde entonces se pactó que el licenciado Aguilar Guerra tendría un puesto en la futura Corte Suprema de Justicia porque aunque el proceso demandaba que fuera aprobado por una Comisión de Postulación y luego electo por el Congreso de la República, todos sabemos cómo es que se hacen esas cosas y quiénes mueven los hilos.
En La Hora nunca tuvimos la menor duda sobre este negocio porque denunciamos desde el inicio que la figura del usufructo no se podía aplicar en este caso y que se trataba de una concesión. Criticamos firmemente al Presidente por dar aquel madruguete de Miércoles Santo, cuando ya los ciudadanos viajaban al descanso de la Semana Santa, en el que anunció que se había firmado el contrato con los españoles. Criticamos fuertemente al entonces Embajador de España en Guatemala por la forma en que se puso de alfombra de los Pérez (Molina y Maura) para consolidar una sucia operación en la que sin duda también fue convenientemente salpicado.
Así como hoy vemos que en España la poderosa prensa ha sido silenciada por el poder de Pérez Maura, también vimos cómo el gobierno de España, por medio de su Embajador, fue parte de la cochinada que se hizo en perjuicio de los intereses del país, lo cual no extraña cuando se analiza la hoja de ruta del gobierno español del PP en materia de corrupción.
En todo esto no hay que ser ni clarividente ni entrar a suposiciones. Basta usar la lógica y el sentido común para entender quiénes han sido parte de la jugada y cuáles han sido sus premios y/o participación en las mordidas.
