Félix Loarca Guzmán
El lunes pasado los Presidentes de los tres organismos del Estado anunciaron la decisión de promover una reforma a la Constitución de Guatemala, con el propósito de mejorar la administración de justicia. La propuesta es una iniciativa del jurista colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
De conformidad con el artículo 4 de la Carta Magna, en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El brillante abogado Alfonso Bauer Paiz, (Q.E.P.D.), decía que no se requiere una cuota especial de reflexión para comprender que en nuestra sociedad no hay tal igualdad sino una profunda desigualdad jurídica.
Las leyes y los tribunales responden a los intereses de la clase propietaria de los medios de producción, es decir la clase dominante. La difusión de valores como los de justicia y respeto a la ley, hacen que los dominados sientan como propios los conceptos de la clase dominante.
El licenciado Bauer enseñaba a sus alumnos que, el Derecho como producto de la elaboración humana está determinado por la realidad social. Su determinación parte de la base económica que es donde se definen las dos clases antagónicas del sistema capitalista, los que dominan y los dominados.
Para mejorar la justicia, primero hay que modificar el sistema económico, y ello es muy remoto en un país en el cual prevalecen los intereses de la clase poderosa.
En varios programas radiales de teléfono abierto, numerosos ciudadanos expresaron su rechazo ayer a la pretendida reforma constitucional, especialmente porque la misma estaría en manos de los actuales diputados, muchos de los cuales no son confiables por sus antecedentes de negociantes de la política. En este caso, antes habría que depurar el Congreso de la República.
Basta ver cómo estos congresistas se burlaron del pueblo al aprobar la nueva Ley Electoral con normas totalmente alejadas de la exigencia popular durante las manifestaciones de hace un año en la Plaza de la Constitución.
Hasta ahora no hay claridad sobre el verdadero propósito de la propuesta de reforma. En todo caso es muy riesgoso manosear la Carta Magna, reconocida por muchos expertos como una de las constituciones más avanzadas del continente americano.
