Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
Durante el gobierno que presidiera Álvaro Arzú se privatizaron varios servicios públicos, dentro de estos la comercialización y la distribución de la energía eléctrica.
La Empresa Eléctrica de Guatemala es propiedad de un grupo de inversionistas colombianos, presta sus servicios de comercialización y distribución en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez, que son las áreas de mayor consumo.
Distribuidora de Electricidad de Occidente presta sus servicios en el suroccidente, que incluye San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, donde se encuentran consumidores domiciliarios provenientes de diferentes etnias.
La tercera distribuidora o comercializadora es Distribuidora de Electricidad de Oriente, Deorsa, que presta sus servicios en el nororiente del país, incluyendo Zacapa, Santa Rosa e Izabal.
Estas dos últimas distribuidoras fueron recientemente compradas por un grupo de inversionistas norteamericanos.
Como se ha evidenciado por las informaciones publicadas, Deocsa y Deorsa tienen como uno de sus principales problemas la sustracción de energía eléctrica, delito que ha significado que el Ministerio Público, con el apoyo de estas dos distribuidoras, denuncie ante los tribunales un buen número de casos en los cuales el fluido eléctrico es sustraído e incluso revendido.
En el área que cubre la Empresa Eléctrica de Guatemala, también se produce la sustracción de fluido eléctrico; sin embargo, esta empresa, propiedad de inversionistas colombianos, como ya lo señalé, ha optado por buscar transacciones privadas con quienes se apropian indebidamente de la energía eléctrica, cobrándoles a las empresas o individuos que caen en esta inmoralidad sustanciales cantidades de dinero; sin embargo, omiten la denuncia ante el Ministerio Público y, más grave aún, caen en el concepto popular de “hechor y consentidor” por cuanto prefieren lucrar que buscar la sanción penal y civil que legítimamente procede.
Me he enterado de algunos de esos hechos y por esa razón requerí a las tres empresas comercializadoras y distribuidoras que me compartieran la información respectiva, habiéndolo logrado en Deocsa, Deorsa y no así en la Empresa Eléctrica de Guatemala.
El Ministerio Público ha ido desarrollando la capacidad investigativa y la capacidad jurídica para perseguir estas acciones inmorales e ilícitas, debería de emplazar a las tres distribuidoras para que en lugar de consentir o de transar privadamente esas acciones, cada una de ellas lo denunciara al Ministerio Público.
No hacerlo fomenta las acciones delictivas e inmorales, también perjudica a los accionistas minoritarios, incluyendo al Estado, quienes ven mermadas las utilidades que le deberían de entregar; los socios principales son también socios administradores y de cierta manera también evidencian que “como es el sapo es la pedrada”, porque a un grupo de indígenas en San Marcos y Huehuetenango se les persigue penal y civilmente mientras que, a los grupos radicados en la capital o en Escuintla, por ser personas de buena posición social y económica, se omite la denuncia y a lo más que se llega es a hacerlos pagar lo que durante muchos años sustrajeron de valor de fluido eléctrico.
Por consiguiente, hay casos donde más vale tener “plata” y estar bien conectado que obligarlo a respetar el legítimo Estado de Derecho.
¡Guatemala es primero!
