Raul Molina
Los cambios recién aprobados por el Congreso a la Ley Electoral nos dejan esencialmente con la misma obsoleta ley que permitió que el sistema político de Guatemala se corrompiera y desprestigiara al máximo y que tengamos un Estado antidemocrático. La única reforma democratizadora pudo haber sido habilitar el «derecho a elegir y ser electos o electas de las y los ciudadanos en el extranjero»; pero no en la modalidad aprobada, restringida a votar solamente para presidente y vicepresidente. Coincido con la firme posición de MUPP/RPDG, que en su cápsula 126-16 afirma: «Nosotros planteamos, de inmediato, su inconstitucionalidad en lo que se refiere al derecho a elegir y ser electo o electa de todas y todos los ciudadanos guatemaltecos, dondequiera que se encuentren. Después de 15 años de estar exigiendo este derecho desde el extranjero, que al sernos negado produjo tres procesos electorales inconstitucionales…ahora se nos da la «limosna» de poder votar para presidente y vicepresidente. Rechazamos la limosna. Exigimos la plenitud de nuestro derecho, lo que significa proponer candidatos; votar por presidente y vicepresidente; votar por lista nacional de diputados, mientras se mantenga; votar por miembros del Parlacen, en cuanto este organismo exista; y elegir a nuestros propios representantes ante el Congreso, en proporción al número de ciudadanos en el extranjero».
Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que den respuesta al movimiento ciudadano de 2015 tienen que modificar a fondo el sistema electoral y establecer aparte un régimen para partidos políticos, es decir, dos leyes: la Electoral (de rango constitucional) y la de PP (ley común). De hecho, solamente tendrán sentido si hay reforma del Estado. En primer lugar, el «derecho de llave» de los PP a los cargos de elección debe terminar. Los PP deben ser engranaje entre una ciudadanía cada vez más consciente y el sistema político del Estado; pero la propuesta de candidaturas debe ser una prerrogativa también de comités de ciudadanos, semejantes a los comités cívicos, para proponer candidaturas para cualquier cargo, incluidos presidente y vicepresidente. Con un sistema de PP que ha fracasado absolutamente, hay que devolver al pueblo su plena soberanía. Además, para todos los cargos debe establecerse artículos revocatorios de aplicación expedita. Es inaceptable que ante una equivocación mayúscula, como la elección de Jimmy Morales, la ciudadanía tenga que aguantarse cuatro años o lanzarse a difíciles movilizaciones sociales. Ha sido vox populi la exigencia de que no haya reelección de diputados por más de ocho años, ya sea de manera continua o alternada y jamás la reelección presidencial. Tampoco se acepta el transfuguismo: diputado(a) que abandona la fuerza política o ciudadana que le llevó al cargo, debe dejar su curul. El informe de la CICIG sobre el financiamiento de los partidos políticos debe servir de guía para establecer una serie de artículos que independicen el sistema y los procesos electorales de los «poderosos» económicamente. Las reformas del Congreso deben tirarse a la basura, por no tocar ninguno de estos temas sustanciales.
