Oscar Clemente Marroquín
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Con lujo de detalles Juan Carlos Monzón relata en su declaración como anticipo de prueba en calidad de colaborador eficaz, toda la suciedad del negocio de la Terminal de Contenedores Quetzal, lo cual sirvió para iniciar un proceso de investigación y recopilación de datos que permitieron solicitar la captura y consignación a los tribunales de los principales actores. En otras palabras, desnudó la forma en que opera la corrupción, pero hay que insistir en que por descarados que hayan sido Pérez y Baldetti, no son los primeros ladrones que saquean al país desde el poder y que de la misma manera han actuado los que se enriquecieron otorgando licencias, concesiones o vendiendo el patrimonio nacional recurriendo a los mismísimos bufetes para hacer los trinquetes.
Hay un detalle importante en todos estos nuevos conocimientos. Monzón, operador de trinquetes, fue clave en la elección del magistrado Douglas René Charchal Ramos para integrar la Corte Suprema de Justicia, hecho que cae en el patrón de la forma en que se designa a nuestras autoridades judiciales mediante tráfico de influencias y para garantizar la impunidad. El procedimiento para estructurar el Organismo Judicial en Guatemala es un asco porque permite que los mafiosos decidan quién llega a ocupar las magistraturas y con ello se aseguran que la impunidad seguirá protegiéndolos. Hoy en día, con la contundencia de los casos que hay tras las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público, al final de cuentas la decisión de si se aplica la ley y se castiga a los corruptos está en manos de los jueces que los mismos corruptos designaron.
Lo más que hay en las comisiones de postulación y en el Congreso cuando se integran las Cortes, es negociación entre los grupos de pícaros para definir qué cuota le corresponde a cada uno. Pero son cuotas, léase bien, entre los que controlan el sistema para asegurar que aquí los corruptos se puedan seguir bañando en dinero sin temor a consecuencias legales. Por ello es que se observa esa calma y tranquilidad en algunos de los sindicados que ya hablan de que «se están cayendo los casos» en su contra, puesto que saben que a la hora de la verdad sus aliados tienen la sartén por el mango, y eso va desde los juzgados a las Salas, la Corte Suprema de Justicia y no digamos la Corte de Constitucionalidad. Advertir desde ahora que «se están cayendo los casos» es preparar el terreno para los fallos producto del sistema.
El caso del magistrado Charchal, cuyo mérito es haber sido recomendado por los mañosos hijos de Baldetti y sus amiguetes, no sólo llora sangre sino que, sobre todo, es ilustrativo para entender en manos de quiénes está el sistema de justicia en el país. No sorprende que la magistrada Stalling se mate de la risa luego de librarse tranquilamente del escándalo en que estuvo metida porque la misma chamarra los tapa a todos.
Entendamos, por enésima vez, el problema no es Charchal. El problema es el sistema que tenemos que cambiar y que, me temo, no podrá cambiarse por la buena porque el Congreso es parte del problema.
