Juan Antonio Mazariegos G.
Con independencia de las definiciones legales o doctrinarias al respecto del fraude, en palabras sencillas, quien defrauda engaña. Para citar un ejemplo concreto, cada 4 años elegimos a nuestras autoridades bajo la oferta de un plan de trabajo, propuesta de gobierno o como el publicista de campaña desee denominarle. Este documento que nos presentan todos los candidatos contiene, a falta de mejores propuestas, compromisos de trabajo, honradez, capacidad y otra serie de calificativos y cualidades que todos los candidatos dicen tener. Por supuesto, aquí no elegimos en base al plan ni a las capacidades, sin embargo, para los efectos de este artículo lo tomaremos como una oferta que finalmente convence al electorado para que deposite su voto por quien mejor se vendió.
Una vez electo, el otrora candidato pasa a tomar posesión y allí en medio de fanfarrias, discursos y ante miles de simpatizantes que se llegan a que los vean celebrar y se acuerden de ellos a la hora de repartir puestos en el Gobierno, jura, ante la Biblia, la bandera y el pueblo, que se compromete a servirle y a trabajar por el mismo con honradez y capacidad para sacar al país adelante, en lo que no es más que otra oferta y compromiso. Más allá de lo anterior y por encima de promesas y discursos, la Constitución, las leyes constitucionales, las leyes ordinarias y un sin fin de reglamentos y disposiciones marcan la pauta del comportamiento y de lo que se espera del Gobernante y del resto de su sequito, sobre lo cual, como lo manda la misma Constitución no pueden alegar ignorancia o desconocimiento.
Lejos de la ley y lo ofrecido, en base a una acusación formal del Ministerio Público y por declaraciones de los hoy colaboradores eficaces, nos enteramos de que nuestro expresidente se apartó no de uno sino de todos los mandatos que la ley y la moral pudieron proporcionarle y promovió su campaña y gobierno con el ánimo de delinquir, organizó sus cuadros no para servir sino para servirse, trabajó no para sacar al pueblo adelante sino para sacar adelante sus negocios y a sus secuaces, dejando muy atrás el termino engaño y comprometiendo el consentimiento del Estado a través de tráfico de influencias dentro del cual a juzgar por la «gran coima» pensó solamente en su futuro.
El contrato que firmó el Gobierno de Otto Pérez con TCQ pudo haber sido hecho por ángeles, elaborado con tinta bendita o certificado por Moisés como otro mandamiento, no importa, no existe, es nulo, el consentimiento del Estado de Guatemala se dio en base a mordidas y sobornos y como tal debe de ser considerado, el MP y los tribunales deben de promover activamente el proceso que pruebe el delito, el Estado debe de intervenir las instalaciones comprometidas para evitar que los involucrados disfruten del botín, deben de iniciarse acciones para perseguir a todos los responsables, aquí no hubo consentimiento, hubo fraude y después de él nada existe.
