Félix Loarca Guzmán
La decisión que la Cámara de Diputados de Brasil emitió, el pasado domingo, aprobando el envío al Senado de una petición para iniciar un juicio político a la Presidenta Dilma Rousseff por supuestos actos ilícitos, constituye, sin duda, un golpe a la democracia de ese país y una amenaza para el futuro de América Latina.
La Presidenta aseguró en un mensaje televisado que dirigió al pueblo brasileño, que “No he cometido ningún acto ilícito y tengo la conciencia tranquila”. Al mismo tiempo acusó al Vicepresidente Temer de estar detrás de la conspiración y de haberla traicionado.
La resolución de los diputados forma parte de la ofensiva internacional promovida desde el norte del continente con la fachada de la lucha contra la corrupción, para desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región, a efecto de instaurar nuevamente el sistema neoliberal, o sea la etapa salvaje del capitalismo que tanta hambre y miseria ha dejado en el mundo, haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.
Con la inspiración de algunos de los pensamientos de la Periodista y Abogada Eva Golinger, con sede en Nueva York, es oportuno recodar que Brasil tiene grandes reservas de materias primas muy apetecidas por los mal llamados países desarrollados, y que históricamente ha sido y seguirá siendo blanco de poderosos intereses del mundo.
El objetivo encubierto de esta emboscada política no es la persona de la Presidenta Dilma; el objetivo final es Brasil.
Algunos de los que auspician el golpe de Estado contra la Presidenta de Brasil, están señalados de corrupción y mantienen fuertes vínculos con el poder económico de ese país, y el capital transnacional, cuyo propósito central es la privatización de los programas sociales, entre ellos los de la salud y la educación
Los sectores de la ultraderecha buscan recuperar el terreno perdido. Recientemente volvieron al poder en Argentina, en donde el Presidente Mauricio Macri, comenzó a dictar medidas impopulares como el alza a las tarifas de algunos de los servicios esenciales, entre ellos el transporte público, en medio del rechazo e indignación de la ciudadanía.
La campaña de desprestigio y desestabilización contra los gobiernos populares de Venezuela, Bolivia y Ecuador, forma parte de este mismo guión perverso.