Por décadas hemos hecho el intento de explicar cómo es que Guatemala es violenta, pobre, injusta, racista, clasista, escandalosamente corrupta y tristemente impune por la relación entre el poder político y los intereses de los poderes ocultos que mantienen el control del Estado para, con ello, retener e incrementar los beneficios arrebatando los pocos recursos con que cuenta.
Durante todo ese tiempo, hemos estado hablando de cómo es que cuando se hizo la “apertura democrática” para las elecciones del 85, simplemente se logró terminar con el término de dictaduras, pero se reacomoda el Estado para seguir funcionando con el prostituido sistema político con que hoy contamos. O cómo en el 96 se hace la “firma de la Paz Firme y Duradera” que terminó siendo un cese al fuego que no trajo ni reparación ni desarrollo a una sociedad que puso los muertos y pagó las consecuencias.
Pero también hemos dicho que somos parte de un sistema diseñado con exactitud para que “Jalisco siempre gane” y, en efecto, siempre gana. Y es por ello que no ha habido sistema de justicia y sí ha habido impunidad, porque los poderes fácticos que controlan el país pueden pagar su seguridad y vivir en búnkeres mientras que los asesinados, los extorsionados y los asaltados son los muertos de hambre de siempre. La violencia existe porque era necesaria la impunidad para mantener la corrupción y el vicioso poder político sin importar su costo.
Ayer, el Comisionado de CICIG, Iván Velásquez, se refirió en una conferencia en Washington DC sobre lo que es una “Red Político-Económica Ilícita” o RPEI, explicando cómo es que se han organizado instituciones privadas que en alianza con las públicas prestan una mezcla de servicios entre lo legal y lo ilegal, apoyados permanentemente por el tráfico de influencias, el soborno y el asociarse entre empresarios y políticos para mantener en sus administraciones el beneficio de contratos, concesiones y servicios que paga el Estado.
El servicio del sector político es comprado con el financiamiento de las campañas, y es así como la justicia sufre con esa práctica oscura de comprar presidentes, diputados y alcaldes. Esos financistas tienen poder directo en la designación de magistrados, jueces, contralor y todas aquellas posiciones en las que se determina responsabilidades en el Estado de Guatemala.
Es muy alentador que el Comisionado Velásquez haya podido, con mucha claridad, explicar cuál es su entendimiento del país porque nos dice que tiene clara una película que será necesaria para el paquete que propondrán como reforma al Sector Justicia. Nos toca, como ciudadanos, entender también y precisamente al país para poder cambiarlo.
