Juan Francisco Reyes López
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En el Congreso se ha ampliado el número de comisiones de trabajo a 52, existe una comisión denominada de Previsión Social, todo lo relativo a las pensiones y a los programas de previsión social deben ser evaluados, tratados, y según el caso, dictaminados por dicha comisión.
En la integración de la comisión hay abogados, uno de ellos la preside; sin embargo, no la integran personas que cuenten con estudios específicos en actuariado y en seguridad social, lo cual es natural, debido a que son muy pocas las personas que tienen esos conocimientos universitarios o la experiencia práctica por haber fungido en la Junta Directiva o en el Consejo Técnico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Ello no implica que los diputados no puedan asesorarse, siempre y cuando los asesores tengan las credenciales suficientes y adecuadas en pensiones y en previsión social. Como dice una expresión “Salamanca no da lo que natura no presta” y es más, son pocas las universidades que tienen previsto carreras que faciliten el conocimiento en estas materias.
Aun así, es positivo, en un principio, que exista dicha comisión en el Congreso de la República, la cual debemos de ver como una semilla de mostaza que perfectamente puede germinar y a través de la evolución natural llegar a producir fruto.
En varios de los países suramericanos se han tomado medidas valientes y radicales en lo que se refiere a los sistemas previsionales y a las pensiones; Ecuador, bajo la administración del presidente Correa, unificó los planes de pensiones, hecho explicable y justificable.
En el caso de Guatemala, ha sido a través de sectores específicos como en el Banco de Guatemala, en la Universidad de San Carlos y en el personal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que se han creado y recetado enormes beneficios económicos y de requisitos para gozar de grandes y diferentes pensiones. Como ya lo indicara, una docena de extrabajadores del seguro social, que han sido presidentes o gerentes en dicha institución, con los diez años de contribuir y de servir en esos elevados cargos, se han retirado de por vida con pensiones que fluctúan entre los 35 mil a los 40 mil quetzales mensuales; es decir, prácticamente diez veces más que el promedio de pensión que obtiene un afiliado en el sistema normal existente en el IGSS.
Por ello, dicho sistema particular está en quiebra y no tiene soluciones actuariales; sus ingresos y sus egresos son totalmente desproporcionados.
Lo mismo sucedió en Chile, Perú y Argentina y fue gracias a la capacidad profesional de los llamados Chicago Boys y a la firme decisión en busca del bien común del gobierno del general Augusto Pinochet que se cambió y transformó el sistema de pensiones en ese país.
La comisión específica del Congreso debe solicitar informes concretos y adecuados al IGSS, a la Oficina Nacional de Servicio Civil, al Banco de Guatemala y a la Universidad de San Carlos, del plan especial de prestaciones de sus trabajadores y, partiendo de esa información, debe solicitar ayuda internacional para empezar a realizar los análisis y evaluaciones que permitan reformar el sistema de previsión social en nuestro país. Todo ello le llevará varios años; sin embargo, entre más se tarde se haga, peor será la situación.
¡Guatemala es primero!
