Raúl Molina

La presidenta Michelle Bachelet de Chile, en cadena nacional del 12 de abril, le dio el vamos a la segunda etapa del Proceso Constituyente, el que incluye la participación activa de la ciudadanía: “Ya culminamos la primera etapa de este proceso, que estaba dirigida a comunicar y explicar los objetivos y métodos de la elaboración de una nueva Constitución… ahora empieza la etapa de la participación de todos ustedes”. Llamó a todos los chilenos y chilenas a que sean parte de esta nueva etapa de su promesa de campaña: “Queremos que sean miles los jóvenes, adultos, hombres y mujeres, campesinos, emprendedores, mineros, pescadores, profesionales, del Norte, del Sur, del campo y la ciudad y los pueblos indígenas, quienes, además, tendrán una participación y consulta específica”. Junto con ese llamado, destinado a todas las personas mayores de 14 años, chilenas y chilenos, y extranjeros residentes, invitó a la ciudadanía a visitar el sitio UnaConstitucionParaChile.cl para más información.

Explicó también que existen “diferentes formas de hacerlo: en forma individual, en grupos a nivel comunal, en instancias provinciales y regionales”. Por último, destacó que la redacción de una nueva Carta fundamental se hará entre todos y no entre “cuatro paredes”, como han sugerido desde la oposición. “Serán millones de manos las que tendrán la posibilidad de participar en esta elaboración inédita”, apuntó la presidenta Bachelet.

Contrasta esto con el procedimiento que pretenden los tres poderes del Estado de Guatemala, para hacer las reformas del sector justicia, que, aunque incorpora a la CICIG y al MP, margina totalmente a la ciudadanía. Como dice Oscar Clemente Marroquín: “Es una buena noticia que… los tres Presidentes de organismos del Estado hayan aceptado que la CICIG, por medio de Iván Velásquez, y el Ministerio Público, con Thelma Aldana, hagan la redacción de un documento consensuado de reforma al Sector Justicia que nos permita trazar las líneas a largo plazo que se necesitarán para tener un sistema funcional y no uno diseñado para el saqueo y el abuso. Pero hay una necesidad obligada en el sistema que… es una tajante, fuerte y definida reforma al sistema de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales”. De hecho, en la formulación y aprobación de la Carta Magna sostenemos que los partidos políticos deben jugar un papel apenas complementario al de la ciudadanía. El editorial concluye: “Se podría emitir el mejor documento de reforma del sector Justicia, pero si dentro del sistema de postulación de magistrados, Fiscal General, Contralor, etc., se depende del voto de políticos con la voluntad empeñada a oscuros intereses, el resultado será igual de oscuro y se seguirá nombrando a guardianes de las estructuras paralelas”.

El cambio de la Constitución no puede hacerse a destajo, antojadizamente y sujeto a los intereses oscuros de los “poderosos”. Corresponde inventar un modelo de plena participación ciudadana, que culmine con una Asamblea Nacional Constituyente –no el nefasto Congreso– para que podamos efectivamente refundar el Estado e iniciar un proceso nacional de reconstrucción y desarrollo.

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