Oscar Clemente Marroquín*
ocmarroq@lahora.com.gt
Bajo el argumento de que la “seguridad jurídica” obliga a honrar contratos aunque éstos hayan sido producto de actos corruptos, muchos trinquetes se han consagrado en Guatemala a pesar de la abrumadora evidencia de que los mismos fueron resultado de tráfico de influencias y generaron enriquecimiento ilícito para los funcionarios que participaron en su tramitación. Desde la venta de Aviateca, la concesión de la primera frecuencia para la telefonía celular, en los ya remotos tiempos de Vinicio Cerezo, hasta nuestros días, son innumerables los trinquetes que terminaron legalizados en abierta burla a la inteligencia de la ciudadanía, permitiendo que los pícaros que los facilitaron se embolsaran millones.
Hoy vemos que, pese a todo lo que se dijo y se corroboró posteriormente al evidenciarse la forma en que hizo gobierno el Partido Patriota, inicia sus operaciones un sucio negocio que se encubrió como un arrendamiento cuando en realidad era la concesión de parte de las operaciones portuarias. Miles de palabras se escribieron respecto al negocio realizado por la empresa Portuaria Quetzal con una firma española que vino patrocinada por el entonces embajador de España en Guatemala, y que encontró las puertas abiertas no sólo en la dirección de la Portuaria, sino en la misma Presidencia de la República, al punto de que el general Otto Pérez Molina asumió de manera directa y personal la defensa del negocio ejecutado por el abogado Allan Marroquín a quien había nombrado precisamente por la experiencia que tenía en ese tipo de operaciones.
La Procuraduría General de la Nación denunció la lesividad e ilegitimidad del contrato, pero sus observaciones fueron desestimadas por cuestión de plazos. En otras palabras, el gobierno del partido Patriota tuvo el control de la PGN de forma férrea para impedir que hubiera cuestionamiento y no fue sino hasta que Pérez Molina renunció y terminó en la cárcel que la Procuraduría actuó para denunciar el contrato con argumentos y pruebas fehacientes, pero alegando la preservación de la legalidad y la protección de derechos adquiridos fueron desestimados para permitir que un negocio sucio se concrete y le vaya a costar a Guatemala muchos millones durante varias décadas en las que no podremos hacer valer la decencia y la honestidad porque la ley resulta amparando a quienes manosearon las normas para simular como arrendamiento un negocio que en realidad era una concesión que debió ser aprobada por el Congreso de la República.
Se siente uno frustrado cuando ve cómo es que en un país como Guatemala los pícaros terminan haciendo lo que les viene en gana y, lo peor, lo hacen amparados por la ley. Por ello es que insisto tanto en que tenemos un sistema perverso diseñado para apañar la corrupción y asegurar la impunidad porque toda la estructura jurídica del Estado termina al servicio de los sinvergüenzas que pueden salirse con la suya y reírse de la ciudadanía que cuestiona procedimientos inmorales.
De nada sirvieron los análisis jurídicos de la Procuraduría General de la Nación ni los cuestionamientos de la siempre inútil Contraloría de Cuentas. “Prevaleció la ley”, lo que en palabras mundanas significa que una vez más, en Guatemala los corruptos salieron ganando.
*****NOTA DEL EDITOR*****
La columna de Oscar Clemente Marroquín fue escrita y publicada antes de que el MP y CICIG expusieran la tarde del 15 de abril el caso de corrupción en la Empresa Portuaria Quetzal.
